En los dos años que median entre el inicio del proceso, en septiembre del 2016, y el día de ayer, cuando se oficializó el principio de acuerdo entre los oponentes, se han sucedido episodios de discordia, presentación de demandas, manifestaciones en la calle a favor de la municipalización del servicio de agua, plenos temáticos y anuncios sobre la nueva empresa pública que gestionará el suministro.
El entonces alcalde, Jordi Ballart, liquidó el contrato con Mina en septiembre de hace dos años. Se habían cumplido los 75 años de concesión del servicio a la empresa, que no dio su brazo a torcer y presentó recursos contencioso-administrativos. Hace unas semanas el Consistorio también acudió a los tribunales para que la Justicia ordenase a Mina el traspaso de sus datos.
El Ayuntamiento, avalado por el pleno, impuso a la sociedad prórrogas forzosas. La cuarta y última expirará el 10 de diciembre. Ese día, el Ayuntamiento se hará cargo de la gestión directa con una empresa que adoptó en un principio el nombre de EPEL (Entidad Pública Empresarial) Terrassa Cicle de l’Aigua y que tendrá un consejo de administración compuesto por ediles del PSC, TeC, ERC y el PDeCat. Si se obtiene la autorización registral, la marca será Taigua.
