Las espadas están en todo lo alto. Mina Pública d’Aigües de Terrassa y el Ayuntamiento mantienen un crudo enfrentamiento por cómo se está llevando a cabo el proceso de liquidación de la concesión del servicio de agua, que culmina el próximo 9 de diciembre, después de 75 años.
El conflicto vivió el jueves durante el pleno uno de los episodios más espinosos cuando varios ediles se quejaron de haber recibido presiones por parte de Mina para no sacar adelante el expediente de liquidación del contrato y la prórroga forzosa de seis meses que se aprobó efectivamente en la sesión plenaria. Mina envió una carta a todos los concejales en la que expresa su desacuerdo con el dictamen, especialmente con las exigencias que esta prórroga forzosa impone. La empresa advierte en la misiva que no le parece "legalmente procedente" la "imposición de nuevas obligaciones formales y, en especial, las de carácter económico". Mina remarca que "el conflicto jurídico no es bueno" -por lo que los concejales ya temen que la empresa llevará este asunto ante los tribunales- y pide a los ediles que pospongan la aprobación de los acuerdos hasta encontrar un "marco de interlocución" para "escuchar y valorar la propuesta de Mina". Aunque la empresa no lo concreta, en más de una ocasión, el alcalde, Jordi Ballart, ha explicado que la empresa quiere continuar prestando el servicio con la fórmula actual de concesión privada o bien constituyendo una empresa mixta, pero sin pasar por una licitación, lo que el bipartito señala que es ilegal.
Posible conflicto a la vista
En la carta, Mina considera que antes de aprobar dictámenes como el del jueves, que le imponen unas condiciones muy concretas durante el periodo de seis meses de prórroga forzosa, debería esperarse a que la comisión de estudio exprese sus conclusiones sobre los distintos modelos de gestión posibles. La empresa sostiene que la "singularidad y complejidad" del caso de Terrassa, con una concesión que se remonta al año 1941, "podría dar lugar a un conflicto que podría prolongarse en el tiempo y que, al final, perjudicará al ciudadano".
El portavoz de C’s, Javier González, lanzó la carta al suelo en señal de repulsa por lo que considera unas advertencias innecesarias: "No me gusta la carta porque no quiero sentirme presionado", dijo. González, que apuesta claramente por la gestión indirecta, llamó a Ballart a "recuperar el sentido común" y a no enfrentarse a la empresa, al tiempo que defendía "la no injerencia del sector privado para que los representantes públicos podamos tomar las decisiones libremente". Para el portavoz de C’s, la carta "destila lo que está en el ambiente, que nos estamos metiendo en un lío tremendo" y auguró que en 2017, la ciudad estará "inundada de pleitos".
El concejal de Territorio y Sostenibilidad, Marc Armengol, dejó claro también que "el PSC no aceptará presiones de nadie" y admitió que el partido es partidario de la gestión directa del servicio.
La titularidad
La concejal de la CUP, Maria Sirvent, fue muy crítica con la actitud de la concesionaria. "Según Mina, ni nosotros somos los titulares del servicio, ni ellos son los concesionarios. ¡Claro que somos los titulares!", espetó. Sirvent, que considera que Mina está "desafiando" al Ayuntamiento, instó al pleno a "no rendirse" ante la empresa y a mantener las condiciones de fiscalización acordadas para "cerrar la concesión de forma óptima". La edil insistió en que es necesario que "no se dé el brazo a torcer" ante la propuesta de Mina de "seguir con la concesión sin pasar por ningún procedimiento público, sino mediante un proceso negociado" y criticó que la compañía, "de forma negligente" haya "denegado" el acceso a la información al Consistorio.
El líder de TEC, Xavier Matilla, también se felicitó por las condiciones en las que Mina tendrá que prestar el servicio durante la prórroga, que permitirán "ejercer un control mucho más exhaustivo del que hemos realizado hasta ahora". Matilla señaló que con el periodo de seis meses en los que Mina seguirá prestando el servicio a partir de diciembre no se le está pidiendo "ningún favor", sino "que cumpla con lo que marca la ley". En un sentido muy parecido se expresó Carles Caballero, de ERC-MES: "La prórroga es consecuencia de un éxito: ahora ya sí gobernamos el servicio del agua, hemos tomado el control", señaló Caballero, con independencia del modelo de gestión que finalmente se decida. El republicano tranquilizó a la ciudadanía al asegura que con o sin prórroga, "el agua seguirá saliendo del grifo" porque así lo prevé la ley al tratarse de un servicio básico.
El PP se centró en criticar la gestión realizada hasta ahora por el equipo de gobierno al señalar que la prórroga era la demostración de que el proceso de liquidación "no se ha hecho con la diligencia necesaria". Álex Rodríguez criticó que la mayoría de partidos ya se hayan pronunciado a favor de la gestión directa, cuando la comisión de estudio aún no ha publicado sus conclusiones.
El grupo de CiU, como señaló Matilla, "brilló por su ausencia". Ninguno de los ediles hizo uso de la palabra en un tema tan "trascendental" como la gestión del agua.
