Más de treinta centros educativos públicos del Vallès Occidental presentan placas de fibrocemento en sus edificios, según el sindicato CCOO. El sindicato muestra su preocupación por esta situación recordando que “la inhalación de microfibras adherentes al fibrocemento puede afectar a la salud de los trabajadores y usuarios de las escuelas e institutos de nuestras ciudades”.
En este contexto, CCOO denuncia el retraso de las administraciones competentes, el departamento de Ensenyament y los ayuntamientos, en la sustitución de todas las placas en todos los centros educativos afectados. Enfatiza que estas placas, dispuestas sobre todo en cubiertas de edificios, contienen amianto y que esta es una sustancia confirmada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) contaminante y que puede provocar cáncer en función del nivel de exposición. El sindicato explica que, a partir de 2002, se prohibió todo tipo de amianto en nuestro país pero que en la actualidad hay más de dos millones de toneladas de esta fibra que se empleaba en la construcción en muchos centros educativos, fundamentalmente en los de primaria. Es por ello que CCOO insta al departamento de Ensenyament a tomar las iniciativas adecuadas para garantizar la salud de toda la comunidad educativa al igual que lo hacen los departamentos de la misma área en otras comunidades. Pero también traslada su petición a los ayuntamientos dado que estos son los encargados del mantenimiento y reparaciones en los edificios de infantil y primaria, que es donde han detectado más presencia del fibrocemento.
CCOO hace esta reclamación tras el trabajo realizado durante este curso sobre este asunto. Así, el sindicato inició en los meses de septiembre y octubre del año pasado, cuando comenzaron las clases, a evaluar y detectar los centros educativos afectados por este tipo de placas. Presentó un primer inventario a Serveis Territorials d’Ensenyament para que tomara las medidas oportunas y meses más tarde trasladó su petición a los ayuntamientos.
Durante el curso, los delegados de CCOO han mantenido reuniones con Serveis Territorials y ayuntamientos pero critican su lentitud. En este sentido explican que los responsables de las administraciones alegan que primero deben tener un censo (el de secundaria en marzo estaba muy avanzado) y también presupuesto para acometer las obras de sustitución. Se estima que el presupuesto necesario es de unos nueve millones de euros y que este año se han invertido doscientos mil euros.
