El gran proyecto estratégico y de mayor complejidad de la Terrassa actual, la cobertura y urbanización de la riera del Palau, hace tiempo que está paralizado sine die. Pero no sólo eso, el Ayuntamiento se verá obligado a modificar el proyecto tal y como está concebido en el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), después de que una sentencia del Tribunal Supremo anulase el plan de viabilidad técnica y económica que fijaba el coste y repartía las aportaciones que los distintos sectores de crecimiento debían realizar a la cobertura y posterior construcción del llamado Passeig de Ponent.
El área de Territorio y Sostenibilidad tiene previsto abrir durante este mandato el debate sobre el POUM. El teniente de alcalde Marc Armengol explica que no es probable que el documento se someta a revisión a lo largo de estos cuatro años, pero cree necesario “iniciar el debate de ciudad para analizar el futuro de los sectores de crecimiento que dibuja el plan, no sólo los nuevos barrios a las afueras, sino también los ámbitos de crecimiento interior como los antiguos vapores industriales”.
La crisis y los tribunales
A estas alturas, cuando la crisis económica, y especialmente la inmobiliaria, ha arrasado como una apisonadora con muchas de las previsiones expansivas del POUM de 2003, el proyecto más emblemático y ambicioso que contenía el plan está completamente desfasado y fuera de calendario. La cobertura de la riera del Palau debía dar lugar a una transformación decisiva de la ciudad a través de una nueva fachada urbana en el oeste de Terrassa, fruto de nuevos sectores de crecimiento y un gran paseo arbolado.
El proyecto es seguro que será uno de los aspectos del POUM que tendrá que repensarse. Pero es más. Es probable que de retrasarse la revisión del planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento opte por realizar una modificación puntual del mismo para que la cobertura del trasvase, tal y como está dibujada en el POUM, tenga coherencia con una sentencia del Tribunal Supremo.
La resolución, de 2012 y que corrobora la dictada en 2009 por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, anula el plan de viabilidad técnica aprobado por el pleno en marzo de 2007 al entender que modifica sustancialmente el diseño que el propio POUM realiza de la cobertura de la riera del Palau y se salta, por tanto, el principio de jerarquía normativa. La cuestión es que el POUM prevé cubrir el travase en su totalidad, desde Poble Nou hasta más allá de La Cogullada, en un recorrido de aproximadamente siete kilómetros y medio. En cambio, el plan de viabilidad de 2007 introduce una novedad: no propone la cobertura total. Excluye el tramo sur, concretamente donde se ubican los futuros sectores industriales de Palau Nord y de Palau Sud-Can Guitard. Para esta zona, situada entre la Rambleta del Pare Alegre y la desembocadura de la riera de Les Arenes, el plan contempla la renaturalización del espacio.
No es posible tapar todo el lecho
Cristina Escudé, directora de Servicios de Territorio y Sostenibilidad, explica que lo que medió entre un documento y otro fue un informe de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en el que no autorizaba la cobertura total por un tema de seguridad hidráulica. El plan de viabilidad se redactó, por tanto, dejando el trasvase al aire libre en el tramo sur, pero en ningún momento el Ayuntamiento modificó el POUM para adecuarlo a las exigencias de la ACA. Los técnicos municipales redactaron el plan de viabilidad sobre un nuevo diseño, pero manteniendo el sistema de imputación de gastos que marcaba el POUM, que fijaba que los promotores de los sectores de crecimiento residencial e industrial (Can Colomer, Can Marcet, Les Aymerigues, Palau Nord, Can Guitard, etc) financiarían el 70% de la obra y que las administraciones debían sufragar el 30% restante.
Esto es lo que desató la indignación de la junta de compensación de Palau Nord, que fue la que denunció al Ayuntamiento. Los promotores alegaron que el plan altera las previsiones del POUM ya que modifica el aprovechamiento urbanístico de estos ámbitos del sur de la riera. El eje viario resultante de la cobertura no se da en este punto . Es más, la renaturalización propuesta amplía el cauce fluvial, que pasaría a ocupar 57 metros, lo que hace aumentar las zonas verdes e impide el aprovechamiento fijado por el POUM. Sobre este asunto, los promotores cuestionan incluso el concepto de renaturalización de la riera del Palau ya que es un encauzamiento artificial fruto del trasvase tras las riadas de 1962. El TSJC ya apuntó en su sentencia de 2009 que al tratarse de una renaturalización que amplía en 37 metros el ancho de ocupación del lecho, el terreno que se quita a los propietarios no debería contemplarse como una cesión obligatoria sino como una expropiación por parte de la Generalitat, la dueña del dominio hidráulico.
Por todas estas razones, la junta de Palau Nord considera que es “injusta y arbitraria” la imputación de costes, que “no es equitativa” al no tener en cuenta los beneficios y las cargas de cada uno de los sectores obligados a costear la cobertura. Su situación, además, constituye un “agravio evidente” al tener que contribuir a pagar la cobertura que se construirá en otros puntos del cauce fluvial, pero no en el suyo.
Palau Nord también cuestiona que tengan que ser los propietarios particulares de los terrenos por donde discurre la riera los que tengan que pagar la cobertura. Alegan que al tratarse de un sistema hídrico y de un sistema general, como sería el Passeig de Ponent resultante, debería financiarse con los impuestos, al menos en lo que se refiere al encauzamiento.
Varios de estos argumentos fueron admitidos por el TSJC en 2009, que dio la razón a las demandas interpuestas por Palau Nord, aunque la nulidad del plan de viabilidad técnica y económica de la riera se dictamina por ser un documento que “infringe el principio de jerarquía normativa por contravenir el Plan de Ordenación Urbanística Municipal”. La disputa en los tribunales, iniciada en 2008, se alargó hasta 2012. El Ayuntamiento, no conforme con la nulidad del plan, presentó un recurso de casación en el Tribunal Supremo. El tribunal ratificó la sentencia anterior y únicamente anuló la imputación de costas al Ayuntamiento.
