La CUP ha cuestionado la existencia de una Sicav (sociedad de inversión de capital variable) vinculada a Mina Pública d’Aigües de Terrassa, la empresa que explota la red de abastecimiento de agua en la ciudad.
Denuncia que el presidente de Mina, Marià Galí, preside a su vez la Sicav MinaRever, utilizada para “hacer inversiones especulativas y así tributar al 1%”. La formación admite la legalidad de este instrumento financiero, pero afirma que es una herramienta “del todo ilegítima”. Considera que a pesar de ser legal, es un mecanismo “asimilable a un paraíso fiscal” por ser una forma de pagar menos impuestos. Los benefiicos de las Sicav tributan al 1% en el impuetso de sociedades, mientras que una mediana empresa contribuye con alrededor del 30% y la mayoría de trabajadores paga a la hacienda pública una media del 19% de los ingresos obtenidos. La CUP indica que el accionista mayoritario de esta Sicav es Patmina S.L, cuyos consejeros delegados son “miembros reconocidos de la Cambra de Comerç de Terrassa y de la Cecot”.
Considera “escandoloso” la existencia de Minarever Sicav y subraya que “los principales responsables de Mina de Terrassa están faltos de cualquier noción de ética”. La formación no duda en señalar que “es un insulto que Marià Galí, presidente de Mina, pretenda mantener la concesión del servicio de agua”. Minarever invierte su capital, explican, en “bancos que desahucian, como BBVA, CaixaBank o Banc Sabadell” y en empresas que generan “conflictos sociales y ambientales gravísimos, como Repsol, Gas Natural, Telefonica, Petrobas o Wes Fargo”.
El grupo municipal de la CUP se pregunta si “tiene sentido que mientras el Ayuntamiento está sufragando la mayor parte de las facturas que no pueden pagar algunas familias, los responsables de la gestión del agua estén haciendo inversiones millonarias en proyectos que no garantizan los derechos de la población”.
