Ya lo anunciaron hace tres semanas ante la Generalitata y una docena de ayuntamientos. Quieren acciones y no palabras. Con esta premisa y, a la espera de que se redacte la norma exprés que debe sustituir los preceptos de la ley antidesahucios suspendidos por el Tribunal Constitucional, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha elaborado una “propuesta de actuaciones urgentes y coordinadas” dirigida a los ayuntamientos.
Se trata de un decálogo de medidas concretas y con calendario de implantación para “no retroceder en la protección del derecho a la vivienda”. El principal objetivo es movilizar los pisos que siguen cerrados y vacíos ante la “ola de desahucios” que prevén que se avecina, precisamente debido a que la suspensión de la ley 24/2015 deja en el limbo los artículos que obligaban a los grandes tenedores de vivienda a ofrecer alquileres sociales.
La primera medida “imprescindible” es abrir, antes del 1 de junio, expedientes sancionadores de mínimo el 10% de las viviendas vacías de los bancos. Y así, cada mes. Aunque Terrassa inició en 2013 la imposición de este tipo de multas, el Ayuntamiento no se libra de las críticas de la Plataforma, que se queja del ritmo al que va abriendo estos expedientes y los resultados que están dando. “Si en dos años y medio solo se han abierto 800 expedientes, lo que equivale al 20% del parque de viviendas vacías, el Ayuntamiento debería plantearse si eso no son pocos. Sólo supera en un 10% lo que pretendemos que los ayuntamientos hagan en mensualmente”, plantea Guillem Domingo, de la PAH local.
Aumentar las multas
De hecho, los activistas reclaman “mas contundencia” al equipo de gobierno a la hora de multar a los bancos. Se quejan de que sólo se han puesto multas coercitivas, pero ninguna sanción, de hasta 90 mil euros, que contempla la ley. “Se ha estancado el ritmo de imposición de multas y no se está a la altura de la emergencia”, critican. La PAH se queja también de falta de transparencia. “No sabemos qué resultado están teniendo estas políticas, cuántas personas hay en riesgo de exclusión residencial ni cuántos pisos se han movilizado”, denuncia Domingo. La Plataforma pide que se realice un censo de las viviendas vacías y de la población que necesita un inmueble, que se elaboren informes periódicos y que se actúe contra los cortes de suministros.
La PAH trasladará estas cuestiones a la concejal de Vivienda hoy mismo ,y mañana el grupo promotor de la ILP se reunirá con representantes de los 12 municipios más poblados, entre ellos, Terrassa, para conocer sus medidas contra la emergencia habitacional.
