El Ayuntamiento quiere regularizar las ocupaciones, pero asegura que sin ser el propietario de estos pisos tiene serias limitaciones. Para salvar estos escollos, la concejal de Vivienda, Lluïsa Melgares, afirma que está intensificando las negociaciones con los bancos para conseguir que le cedan parte de su stock inmobiliario para poder gestionar directamente la emergencia social que vive la ciudad.
Los bancos, explica, "no saben qué hacer" con los pisos vacíos. "Están dispuestos a cedernos viviendas, pero están en muy malas condiciones. Quieren que las gestionemos nosotros, pero rehabilitarlas vale mucho dinero". Melgares ha puesto dos condiciones para aceptar estas cesiones y así poder regularizar la situación en la que viven centenares de familias. "Para empezar quiero que acondicionen los pisos y después que estén dispuestos a cederlos al Ayuntamiento por un periodo mínimo de ocho años", comenta. Hasta ahora, algunas entidades, afirma, han expresado la voluntad de ceder viviendas por un plazo de cuatro años. Las inspecciones que se han hecho a algunos de estos pisos demuestran que "muchos no tienen condiciones de habitabilidad".
La edil comenta que se están consiguiendo cesiones y firmando alquileres sociales. "Necesito un convenio marco, no acuerdos sueltos, para poder poner orden en la ciudad". Su idea es regularizar a aquellos ocupas de buena fe, "familias vulnerables que participan de una buena convivencia con el resto de vecinos".
En la fórmula que busca el equipo de gobierno, la propiedad de estos inmuebles continuaría siendo de los bancos. A no ser, comenta Melgares, que la Administración los compre. "La Generalitat debería comprar un paquete de pisos a los bancos para que los ayuntamientos podamos hacer políticas de cohesión y convivencia", reclama. El precio, asegura, no sobrepasaría los 20 mil euros por vivienda. "Para poder gestionar mejor la situación necesito tener un parque de viviendas público. Sólo así se pueden desplegar verdaderas políticas sociales de vivienda". En muchos países europeos, comenta, el parque de pisos sociales es del 15%, mientras que aquí, apenas llega al 2%.
Multas y expropiaciones
A pesar de que Terrassa lleva años negociando con las entidades financieras, por las buenas apenas nunca han conseguido nada. "Nos encontramos mucha resistencia de los bancos porque quieren sacar provecho", denuncia Melgares. En caso de que esta vez no consiga su propósito, la edil afirma que aplicará medidas punitivas. "Estamos dispuestos a abrir expedientes sancionadores a las entidades financieras que no se preocupen del mantenimiento de sus pisos", afirma la edil.
Esta posibilidad ya se anunció hace dos años y aún no se ha aplicado. Pero esta vez, subraya Melgares, lo harán e incluso están dispuestos a ir más allá, al amparo de la Llei pel Dret a l’Habitatge de 2007 y del decreto 1/2015 de medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de viviendas. "Analizaremos la figura de la expropiación forzosa. La ley nos permite expropiar temporalmente el uso de las viviendas si el propietario no se encarga de hacer las obras necesarias para mantenerla en buen estado", concluye.
