Los 23 municipios de la comarca quieren ser verdaderos aliados a la hora de atraer industrias, en lugar de competir antes nuevas iniciativas empresariales. Este es uno de los compromisos adquiridos ayer durante el Consejo de Alcaldes del Vallès Occidental para favorecer la reindustrialización de la comarca.
Los ayuntamientos del Vallès Occidental quieren vender sus oportunidades de negocio desde la cooperación, en lugar de pelearse por un pastel, el de la instalación de empresas, que sigue muy cotizado. Los alcaldes están convencidos de que “no tiene sentido” que se hagan la competencia ya que “el territorio es único”, en palabras del presidente del Consell Comarcal, Ignasi Giménez. Bajo esta premisa, los ediles decidieron ayer por unanimidad llevar a cabo una estrategia “conjunta y consensuada” en lo que a política industrial se refiere.
Bajo este acuerdo se desplegará con acciones concretas el Plan de Medidas 2016-2017 del Pacto por la Reindustrialización del Vallès Occidental firmado en 2014. Una de estas acciones consiste en analizar las “opciones de fiscalidad favorables a las empresas” que, desde la cooperación y no desde la lucha, podrían aplicar en los municipios para reactivar la economía y la llegada de nuevos operadores al territorio. La consejera Mercè Conesa, alcaldesa de Sant Cugat, explicó que se trata de hacer este estudio e implementar las medidas que puedan derivarse “con garantías legales, responsabilidad y velando para que se ofrezcan puestos de trabajo de calidad y sueldos dignos”. Los alcaldes no avanzaron qué impuestos podrían verse afectados, pero el acuerdo contempla profundizar en las posibilidades que ofrece el impuesto de bienes inmuebles (IBI), el impuesto de actividades económicas (IAE), el impuesto de construcciones y obras (ICIO) y la tasa de actividad, además de explorar las bonificaciones.
No habrá recalificaciones
Más allá de movilizar el suelo industrial que ahora está muerto, también se acordó preservarlo en caso de deslocalizaciones o cuando quedan solares vacíos por cese de la actividad. En este sentido, el compromiso es no recualificar esos terrenos bajo el convencimiento, afirmó Conesa, de que “será la industria la que generará puestos de trabajo” ya que “la fortaleza de la comarca es la industria, la capacidad de mantenerla y transformarla en una industria puntera”.
La coordinación también se extenderá al ámbito del comercio. El consejero y teniente de alcalde de Innovación, Amadeu Aguado, -que sustituyó al alcalde durante la reunión- explicó que impulsarán la creación de una mesa de trabajo de ámbito comarcal para definir el modelo comercial en todo el territorio. Se trata de actuar con “una mirada conjunta” en beneficio de todos, señaló Aguado.
El consejero aseguró que a pesar de no tener competencias en política comercial, los ayuntamientos son los que pueden “gestionar mejor el establecimiento de nuevos comercios”. En ocasiones, sin embargo, una acción consensuada en un municipio puede chocar con los intereses de la localidad fronteriza, que es lo que se pretende evitar, apuntó Aguado.
En el ámbito comercial, lo ideal señaló, sería traspasar los límites urbanos y hablar de “modelo de país”. En una posición intermedia se sitúa el acuerdo de la comarca, que quiere elaborar esta radiografía del sector “conjuntamente” con los agentes implicados, como asociaciones de comerciantes, cámaras de comercio, sindicatos, etc. El documento debe servir como “herramienta” para alcanzar consensos. Aunque no quisieron fijar una fecha concreta, explicaron que la voluntad es disponer de esta diagnosis a finales de año.
La visión conjunta se llevará también a la formación profesional. El consejo de alcaldes acordó constituir un consejo de la FP en la comarca que tenga como objetivo “establecer relaciones entre el tejido industrial y la formación” ofertada. La propuesta ya ha empezado a trabajarse con la Generalitat.
La reunión de ayer también sirvió para abordar otras cuestiones como la voluntad de fijar una agenda compartida entre todos los municipios para alinearse y fijar estrategias que permitan buscar y ser receptores de fondos económicos procedentes, por ejemplo, de la Unión Europea.
También se acordó ampliar el alcance de la comisión de pequeños municipios, que se creó durante el mandato pasado, para que se amplíe a aquellos que tienen hasta 15 mil habitantes. Hasta ahora formaban parte los pueblos de hasta 10 mil habitantes. El objetivo de esta comisión es mancomunar servicios para ahorrar costes.
