Lo dijimos en junio y lo hemos repetido en el último pleno municipal. Sin embargo, los dirigentes del PSC parece que todavía no se han enterado de que el Ayuntamiento de Terrassa es de todos y de que el espacio público está sometido a normas. Unas normas que el alcalde está obligado a cumplir y hacer cumplir. Los Comunes, que ya no engañan a nadie, ya sabemos que en caso de duda siempre se ponen del lado de los separatistas.
Trataré de explicar lo que es de sentido común, lo que es habitual en cualquier democracia de nuestro entorno y que, en la Vía Láctea, solo los separatistas catalanes describen como represión de su libertad de expresión.
En la fachada del Ayuntamiento de Terrassa hay dos carteles y una bandera estelada que son símbolos de una ideología política. La Constitución española, pero también la Ley de Bases de Régimen Local, señala que las instituciones deben guardar neutralidad en sus actuaciones, ya que representan el interés general de todos los ciudadanos. Esa simbología partidista debe desaparecer de un Ayuntamiento que representa a todos los ciudadanos. Y el alcalde lo sabe, pero no hace nada para evitar la indignación de una mayoría que no comparte los sueños unilaterales del separatismo. Hasta tal punto es así que, durante las pasadas elecciones al Parlament de Catalunya, la Junta Electoral, a instancias de Ciutadans y basándose en los mismos principios de neutralidad institucional que acabo de señalar, conminó al alcalde a hacer respetar la neutralidad en los edificios municipales. Ese día el alcalde salió corriendo de su despacho y pidió al separatismo que hicieran el favor de no comprometerle con una inhabilitación… Por tanto, no se trata de que el alcalde no sepa qué debe hacer, sino de si cede nuevamente frente al independentismo.
Desgraciadamente es ya habitual contemplar cómo nuestras calles, el mobiliario urbano, las señales de tráfico… están invadidos de propaganda partidista sin que el gobierno municipal actúe con la misma contundencia que lo hace ante una infracción administrativa de una empresa o un particular. Es decir, imponiendo la correspondiente sanción. El espacio público es de todos y, por tanto, está sometido a normas sobre su uso. Pues bien, hay bandas organizadas que realizan de facto un uso privativo del espacio común, actúan sin permiso y en muchas ocasiones estropean el mobiliario urbano sin que se vean advertidas de manera preventiva como señala la norma, ni tampoco sancionadas. Se vulnera de manera flagrante la ordenanza vigente de "Bases de convivencia democrática de la ciudad", una norma reguladora sobre la convivencia y el uso del espacio público que deriva directamente del Estatut d’Autonomia de Catalunya y la Ley de Bases, y que incorpora criterios de la Carta Europea de Salvaguardia de los Derechos Humanos.
Los dirigentes independentistas locales también contribuyen a alimentar el conflicto con declaraciones infantiles y con opiniones sesgadas en lugar de describir la situación con un mínimo de objetividad. Yo he tratado en este escrito de poner luz en dos aspectos: las instituciones representan el interés general y por consiguiente deben mantener la neutralidad ideológica, y el espacio público es de todos por lo que quien quiera utilizarlo lo ha de hacer según las reglas de juego. Son dos aspectos que se consideran obvios en cualquier democracia, pero que desgraciadamente en Catalunya resultan revolucionarios.
Decía Josep Pla que "es mucho más difícil describir que opinar. Infinitamente más. En vista de lo cual, todo el mundo opina".
* El autor es portavoz del Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento de Terrassa
