El entonces alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, junto a otros concejales y técnicos municipales presentaron el año pasado una demanda por intromisión en su derecho al honor contra la publicación digital, Catalunya Press y el autor de un artículo considerado injurioso por los demandantes. La demanda ha sido desestimada y el juez ha venido a decir que los demandantes, por efecto de sus cargos públicos, están sometidos a la crítica y el artículo, precisamente, opinaba sobre su gestión desde lo público sin que atente contra su derecho al honor.
Seguro que Ballart y sus compañeros de demanda no estarán satisfechos con la resolución judicial, que por otra parte puede ser recurrida y no sabemos si se ha cursado la apelación. En cualquier caso, no parece que vaya a ser una buena idea el recurso, como no pareció en su momento una buena idea la demanda. La negativa de la fiscalía a aceptar las medidas cautelares solicitadas de retirar el artículo de la publicación ya hacían prever que el procedimiento no iría muy bien.
Existe una delgada linea entre la libertad de expresión y el derecho al honor, ambos derechos fundamentales recogidos así en la Constitución. Y la linea se hace más difusa cuando el uso de la libertad de expresión se utiliza contra un servidor público. La concurrencia de los dos derechos genera una falta de automatismo y es el juez el que debe dirimir analizando el caso concreto. No hay normas, no hay referentes concretos. La jurisprudencia es especialmente laxa cuando la crítica se dirige a políticos, porque se considera que lo público está sometido a la opinión general, que con más o menos gusto, con más o menos elegancia, puede manifestarse el ejercicio de su cargo.
La sentencia que desestima la demanda liderada por Jordi Ballart es interesante porque como otras muchas de su temática establece los límites de la libertad de expresión en opiniones insultantes vejatorias o desconectadas de la actividad pública de los protagonistas. Es cierto, el listón está alto, tanto como deberían poner los políticos el nivel de su dolor ante la crítica pues una decisión precipitada provoca el efecto contrario que se pretende con la demanda. Un ejemplo claro lo hemos tenido, en otras circunstancias y sin que pueda compararse con la demanda de Ballart, en el secuestro del libro de Nacho Carretero, “Fariña”, que no se vendía mal, pero su secuestro judicial le ha catapultado hasta extremos completamente imprevisibles.
