El alcalde Ballart el pasado jueves día 7, después del pleno municipal donde se dieron por buenos los argumentos de la memoria para la evaluación de la sostenibilidad y la eficiencia relativa a las formas de gestión del servicio de abastecimiento de agua, afirmaba eufórico que "Terrassa era ahora más de Terrassa". Nada más lejos de la realidad, Terrassa es ahora simplemente menos.
Pero centrémonos en un análisis necesariamente somero de la propuesta del gobierno de Ballart, o más bien de sus deficiencias.
En las diversas encuestas de satisfacción sobre el servicio de agua (todas con resultado de notable), la única queja es el sabor, y eso es generalizado en todo el Mediterráneo. Mina proponía la construcción de una planta de ósmosis sin aumento de tarifas. La propuesta municipal ni habla de mejorar el sabor ni, por supuesto, de rebajar las tarifas.
Por otro lado, se habla de alcanzar un rendimiento técnico hidráulico del 85% (el actual es del 80%) con una sustancial disminución de las inversiones que viene realizando Mina en los últimos años. Esto es imposible porque no mantiene el esfuerzo inversor de Mina de los últimos años; incluso de forma poco creíble reduce las inversiones del primer ejercicio a la mitad. Además, no contempla mejoras en el ámbito tecnológico como serían un proyecto de sectorización de red o la implementación de un sistema de telelectura con los correspondientes programas de gestión. Todo lo contrario: sorpresivamente se pretende llevar manualmente la lectura y control de contadores. Contempla la modificación del actual régimen de titularidad de los contadores, en una involución respecto del actual sistema, en el que los contadores serán otra vez de propiedad del gestor del servicio, si bien se impone al cliente el pago de una conservación y del coste del contador.
Hay otra cuestión importante a tener en cuenta; con la propuesta municipal no se prevé disponer de los recursos locales de agua que actualmente aporta Mina, algunos de los cuales, como los procedentes de la Mina Pública y de la Mina de Can Parellada, tienen unos costes de captación y tratamiento muy reducidos. Hay además una sensible disminución de la capacidad de reserva. Ésta presenta un claro riesgo en relación a la garantía de suministro.
Pero sigamos analizando cuestiones.
La reducción de costes laborales planteada por la Entidad Local pasa por considerar clasificaciones laborales distintas a las que actualmente tienen los trabajadores y por una reducción de 129 a 99. En el supuesto de que la subrogación de personal sea legalmente viable, la propuesta municipal deja sin trabajo a 30 de los actuales trabajadores de Mina, además se consideran categorías profesionales distintas de las actuales de los trabajadores de Mina notificadas por la empresa en el Ayuntamiento considerándose un gasto en salarios inferior en un 14,5%, las cargas sociales, en un 12%, a fin de hacer constar unos niveles retributivos y de cargas sociales inferiores a los reales.
Y todavía hay más. En ningún momento se contemplan costes de indemnización ni en concepto de despido ni en concepto de expropiación tanto por los bienes no revertibles como por el lucro cesante.
Tampoco se estima una disminución de tarifas gracias a la supuesta mejora de eficiencia por parte de la Entidad Local. Lo único que hay son unas previsiones de ingresos que apuntan a un incremento tarifario, pero sin obtener a cambio ninguna mejora para el servicio.
Todos los impactos negativos son atribuidos a la Entidad Local, por tanto, no se tienen en cuenta en las previsiones los impactos que puedan tener en las tarifas ciertos eventos de riesgo como problemas con la calidad del servicio, impagos, indemnizaciones por la liquidación del contrato y empleados y aumento de costes por pérdida de economías de escala. Y qué decir de la tasa. Como sabemos, la tasa deberá cubrir íntegramente por imperativo legal el coste del servicio. Las tasas deficitarias están prohibidas por ley. Además ese sistema es mucho más rígido y de gestión y notificación más costosa. El cliente pierde flexibilidad respecto de los plazos y condiciones de pago y respecto de las reclamaciones.
El Ayuntamiento tiene la obligación legal de exigir a los ciudadanos el pago de la tasa por el procedimiento de recaudación de ingresos públicos. Esto conllevará para los actuales clientes en caso de impago y a diferencia de ahora:
• Deberán pagar el 20% de recargo.
• Se les impondrá de forma automática el interés de demora.
• Se le embargarán bienes y derechos (cuentas corrientes, sueldos, pensiones, etcétera) sin procedimiento judicial previo y sin posibilidad de transacción de ningún tipo para evitar la ejecución.
Si el Ayuntamiento asume la gestión del cobro de la tasa, deberá asumir los impagos.
La propuesta pasa por reducir las inversiones el primer año para hacer más fácil la integración de la actividad en las cuentas públicas, cuando la realidad del servicio es que requiere de un elevado esfuerzo inversor y más si se pretenden objetivos como la mejora del rendimiento técnico de la red.
Las conclusiones las toman sobre el flujo de caja contable, porque deben incurrir en una deuda el primer año para atender el circulante y estiman devolverlo en cuatro años.
¿Qué pasaría en caso de que los flujos de caja no sean capaces de atender las necesidades de inversión y la Entidad Local se encuentre en desequilibrio financiero? En este caso podría estar en peligro el principio de continuidad y regularidad que deben tener los servicios públicos. Hay mucho más pero no cabe aquí.
No, señor Ballart, con su propuesta Terrassa no es más de Terrassa, si no peor para todos sus ciudadanos. A no ser que piense, como el Rey Sol, "Terrassa soy yo".
