El cubrimiento del trasvase de la riera del Palau fue uno de los grandes proyectos de la etapa de Pere navarro como alcalde de Terrassa y de su concejal díscolo Josep Aran, que se atrevió a retarle en unas primarias, aunque eso es otra historia. El proyecto era francamente ambicioso, quizás el más ambicioso tras el soterramiento de la linea de Renfe o la construcción del parque de Vallparadís. El trasvase es una riera artificial que se construyó después de las riadas de 1962 para desviar las aguas cuyo cauce natural desciende justo por la rambla d’Ègara. Cubrirlo significaría para la ciudad deshacerse de un dogal geográfico, ganar un espacio nada desdeñable y lo más importante, establecer las condiciones de que el crecimiento urbanístico de la ciudad fluya con naturalidad hacia el noroeste.
El Ayuntamiento construyó un plan de viabilidad como herramienta administrativa para regular la participación en el soterramiento de los promotores que debían “beneficiarse” de un proyecto que no recibió el beneplácito técnico de la Generalitat al considerar que no se podía cubrir la riera en su totalidad, sino sólo en un tramo central. La crisis económica, no obstante, dio al traste con el cubrimiento de la riera. Los promotores que inicialmente había apostado por llevar sus negocios inmobiliarios a zonas como Can Colomer, Can Marcet o Les Aymerigues o industriales a Palau Nord o Can Guitard tuvieron que paralizar sus inversiones. La burbuja explotó con toda su crudeza y no tenía ningún sentido invertir en nuevas promociones en una ciudad con un parque desorbitado de viviendas por vender.
Pero no sólo fue la situación económica la que se opuso al proyecto, sino el Tribunal Supremo, instancia ante la que últimamente el Ayuntamiento de Terrassa no tiene demasiada suerte. Como ya viene siendo habitual, el alto tribunal, desestimó un recurso de casación presentado por el Consistorio local contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que daba la razón a los promotores que se consideraban agraviados por sus cuatas de participación.
En todo caso, de momento, no hay visos de que se puedan reactivar los proyectos de urbanización de esos sectores, por lo que el revés judicial, que obliga a que se modifique el POUM, no altera demasiado la actual hoja de ruta del Ayuntamiento, que no es otra que esperar tiempos mejores.
