La CUP ha denunciado que el presidente de Mina, junto a otros directivos y accionistas de esa entidad, participan en una sicav. Seguramente se debería utilizar una expresión más parecida a la de “hacer público” que al de denunciar puesto que no se trata de ninguna ilegalidad. Las sicav son empresas legalmente previstas en nuestro ordenamiento jurídico, que en el caso de Mina se ha constituido con el fin que sus accionistas hayan determinado en el uso de sus derechos y de su liberalidad.
La “denuncia” llevada a cabo por la CUP se enmarca en un escenario de debate sobre la gestión del suministro de agua en Terrassa que empieza a desvirtuarse. El tono va subiendo y empiezan a utilizarse argumentos que generan una cierta incomodidad puesto que corremos el riesgo de pasar del debate sobre la idea e incluso sobre la ideología a uno en el que se impone el establecimiento de dudas sobre la legalidad o la honorabilidad de una empresa con 175 años de historia.
Todos tenemos nuestra opinión sobre las sicav, todos tenemos una opinión sobre lo que significa tributar al 1 por ciento cuando lo normal es hacerlo a más del 30. Todos somos conscientes de que los beneficios fiscales de las sicav no están al alcance de todos, ni de las pequeñas y medianas empresas ni por su puesto de autónomos y no hablemos ya de los particulares. Pero por mucho que podamos tener una opinión de lo más negativa sobre esos instrumentos financieros, no podemos más que entender que la crítica entra más en el terreno de lo moral que de lo legal y en todo caso no son sus beneficiarios los culpables de su utilización, sino el legislador que lo mantiene pese a las innumerables críticas de que han sido objeto. Estamos denostando las “offshore” de los papeles de Panamá y tenemos aquí fórmulas que permiten una fiscalidad insultante.
De la misma forma podemos hablar de los paralelismos que en ocasiones se pretenden establecer en la actuación presuntamente delictiva de empresas del grupo Agbar con la linea empresarial de Mina en Terrassa, por el hecho de estar participada por ese grupo de empresas. En cualquier caso, el debate del agua en Terrassa, que es francamente interesante, debe circunscribirse al modelo de gestión, a los pros y los contras, a la capacidad, la posibilidad y la idoneidad del que se escoja. Extender el debate a otros terrenos nos sitúa en escenarios que, como el de la judicialización del proceso, no ayudan a proporcionar criterios objetivos, sino que éstos se ven condicionados y contaminados con elementos que lo enrarecen y lo distorsionan. Al final, de lo que se trata es de municipalizar o no el suministro de agua en la ciudad, Ese debe ser el debate.
