El Boletín Oficial del Estado (BOE) comenzará a publicar la información de las sentencias en materia de fraude fiscal que se dicten a partir del próximo 11 de noviembre y los datos comprenderán el nombre y apellidos o razón social del condenado en cuestión, su delito, la pena impuesta y la cuantía económica a resarcir, según informó ayer la agencia Efe.
En este sentido, el Boletín Oficial de Estado publicó ayer la Ley 10/2015 por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, norma que entrará en vigor en el plazo de dos meses.
En dicha norma, se establece una excepción que afectará a los casos en los que se satisfaga la totalidad de la cuantía económica defraudada a la Hacienda Pública española por todos los conceptos con anterioridad a que se haga firme la sentencia.
Esta Ley permite publicar un extracto del fallo condenatorio que contenga únicamente los datos del proceso, condenado, delito, la pena y la cuantía de responsabilidad civil impuesta, de forma que “salvaguarda los derechos de protección de datos de otras personas que hayan podido participar en el proceso y no resulten afectadas por la condena”.
“Interés público”
En el preámbulo de la citada Ley se indica que, aunque la publicidad de las sentencias sobre fraude fiscal, puede vulnerar el derecho a la intimidad o al honor de afectados, en el caso concreto de los delitos relacionados con la defraudación fiscal, “frente al interés del condenado, se alza el interés público”.
Así, señala que “el deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos tiene como reverso el derecho del conjunto de la sociedad a exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias”.
Esta Ley se conecta con la reforma de la Ley General Tributaria, que regula la posibilidad de publicar la identidad de quienes causan un mayor perjuicio económico a la Hacienda Pública.
Por ello, según aseguró la agencia Efe, explica que “resultaría incoherente” que se publicara la identidad de quienes han dejado de abonar sus obligaciones tributarias y, sin embargo, “quedara oculta precisamente la de los grandes defraudadores, condenados en sentencia firme por delitos de esta naturaleza”.
