Los gobiernos, especialmente el que preside Mariano Rajoy, hablan de recuperación económica pero esta recuperación no la notan los millones de personas que están en el paro y que muchísimas de ellas no tienen ningún ingreso. Y aquellas que consiguen un empleo aseguran que es muy precario y que, apenas, pueden cubrir los gastos básicos de fin de mes.
En este contexto, los analistas sociales hace tiempo que alertan de que crece el número de personas pobres que necesitan ayuda, no sólo una ayuda alimentaria sino también para el alquiler, el agua, la luz, el gas. Es lo que el tercer sector social llama pobreza energética y que la ciudad de Terrassa, como otras tantas del cinturón industrial de Barcelona, no queda a salvo.
Los datos facilitados por el área municipal de Derechos Sociales y Servicios a las Personas demuestran que desde 2011 -año en que ya tuvo efectos la crisis económica- hasta el presente se ha incrementado el número de familias que pide recursos y en consecuencia el importe destinado a estos.
El Ayuntamiento, a través del área de Derechos Sociales y Servicios a las Personas presentó un informe de su trabajo en la última comisión informativa. El mismo aporta datos actualizados que permiten acercanos al fenómeno de la pobreza. En el primer semestre de 2011, el Ayuntamiento concedió un total de 564 ayudas para suministros básicos (agua y luz, fundamentalmente) a 488 familias por valor de 96.383.
La evolución
Tres años más tarde, en el mismo periodo de 2014, estas cifras se elevan ya a 2.115 ayudas, 1.335 familias y 264.492 euros Las perspectivas para este 2015, lamentablemente, tampoco son buenas. El primer semestre se ha cerrado con una ayuda de 332.362 euros, lo que significa un incremento de un 25,66 por ciento con respecto al año anterior. En el informe comparativo no figuran los datos de ayudas y familias. Solo hay cifras completas del primer trimestre, de enero a marzo, en el que se especifica que se han dado 766 ayudas a 479 familias por valor de 91.538 euros. En relación al suministro del agua cabe señalar que el Ayuntamiento acordó con Mina d’Aigües de Terrassa una tarifa social para aquellas personas con pocos ingresos. Actualmente son 1.190 viviendas que disponen de esta cuota bonificada pero el número podría crecer debido a que también aumenta el número de solicitudes y lo que es más importante el número de peticiones que cumple con los requisitos. Así en el año 2014 hubo 1.068 demandas para acogerse a la tarifa social del agua y un 62 por ciento fueron aprobadas. En 2015, con datos del primer semestre, se cursaron 561 y un 81,2 por ciento fueron aprobadas por lo que hay 433 familias que disponen de esta ayuda. En el tema de tarifas sociales o subvencionadas para agua y luz hay que remarcar también que el Ayuntamiento no sólo contribuye al pago total o parcial del recibo sino que también se hace cargo de altas del suministro. Y ello derivado de que hay familias en riesgo de exclusión social que acceden a una vivienda y necesitan dar de alta el suministro.
Más impago de alquiler
Emergencia energética y también residencial. Desde el área de Derechos Sociales y Servicios a las Personas, el informe elaborado subraya que “la emergencia social es especialmente grave en el ámbito de la vivienda debido a las dificultades para hacer frente al sobreendeudamiento hipotecario pero también al pago del alquiler”.
Y es que si bien se ha contenido el número de embargos por el impago de hipoteca ha crecido el del impago de alquiler. Datos municipales así lo corroboran. Así, durante este primer semestre de 2015 se gestionaron 123 expedientes con orden de lanzamiento, de las que el 52,84 por ciento se suspendieron. De estas órdenes suspendidas, el 70 por ciento correspondían al impago de alquiler y el 29,2 por ciento al impago de hipoteca.
De las órdenes de lanzamiento que fueron ejecutadas, el informe matiza que “en ningún caso las familias abandonaron la vivienda de una forma forzada ya que esta ya se hallaba reubicada en otro recurso residencial”, bien ofrecido por el Ayuntamiento o por la red familiar de la familia afectada. En este ámbito una de las líneas de trabajo prioritario es gestionar la demanda de vivienda de inclusión social. El Ayuntamiento junto con la sociedad municipal ProHabitatge gestiona un parque propio de treinta viviendas en la ciudad y trabaja con sesenta unidades familiares y 126 personas realojadas con problemáticas residenciales y sociales diversas. Asimismo ha llevado a cabo 47 contratos de alquiler social. El perfil de los usuarios es el de una persona procedente de una situación de sobreocupación, infravivienda y sin techo. El tiempo de ocupación de media es de seis a doce meses.
En paralelo, el Ayuntamiento creó en febrero de 2013 la oficina de información, asesoramiento e intermediación en materia de ejecuciones hipotecarias y de impagos de alquiler (Ofimeh-Ll). Esta oficina ha gestionado 536 expedientes durante el primer semestre de este año, de los cuales 316 eran por deuda hipotecaria y el resto (220) por impago del alquiler.
