El exconseller Santi Vila, que dimitió la víspera de que el Parlament aprobara la declaración de independencia, alega que era contrario a “estrategias unilaterales” porque siempre apostó por el diálogo y que dio “órdenes expresas” en su departamento de no autorizar gasto público para el 1-O.
Así lo resalta Vila en su escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso Efe, de cara al juicio a la cúpula del procés en el Tribunal Supremo, donde la Fiscalía pide para él una condena de 7 años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos, del que pide quedar absuelto argumentando que no hubo gasto público para el referéndum.
Vila, representado por los abogados Pau Molins y Juan Segarra, subraya en su escrito de defensa, de nueve páginas, que dimitió “irrevocablemente” como conseller de Empresa el 26 de octubre de 2017, el día ante de que el entonces presidente Carles Puigdemont dejara en manos del Parlament la votación de una resolución con la declaración unilateral de independencia.
En su escrito, Vila destaca que desde el inicio y hasta el final de su carrera política siempre fue partidario de promover acciones políticas de “consenso, contrarias a estrategias unilaterales”, ya que el “diálogo” siempre guió su actuación.
En este sentido, expone que actuó convencido de que toda la acción política que el gobierno catalán estaba llevando a cabo fue para “dar cumplimiento a un compromiso adquirido y para dar respuesta al sentimiento ciudadano existente”, en el convencimiento de que se encontraría una “solución política dialogada” al “conflicto surgido” entre la Generalitat y el Gobierno.
En su alegato, Vila puntualiza que no era diputado, por lo que no tuvo “intervención alguna” en la actividad parlamentaria y se mantuvo “siempre ajeno” a la tramitación y votación de las leyes y resoluciones vinculadas al proceso independentista.
Como miembro del Govern de Carles Puigdemont, primero en la cartera de Cultura y después de Empresa, Vila admite que firmó de forma colegiada el decreto de convocatoria del referéndum del 1-O, el 6 de septiembre, tras la aprobación ese día en el Parlament de la ley que lo amparaba.
Además, reconoce en su escrito que, como miembro del gobierno catalán, también asumió el acuerdo del 6 de septiembre por el que se autorizaba a la Generalitat a efectuar las acciones y contrataciones necesarias para la realización del referéndum.
No obstante, aclara que, una vez el Tribunal Constitucional admitió a trámite la impugnación del Gobierno y acordó la suspensión de la ley del referéndum, el 7 de septiembre, acordó junto a los demás miembros del Govern no realizar acciones ni contrataciones públicas que supusieran destinar dinero público a la celebración del referéndum.
En este sentido, Vila va más allá y asegura que, como conseller de Empresa, dio “órdenes expresas” en su departamento para que no se autorizara ninguna contratación, gasto o pago público relacionado con la organización y la celebración del referéndum.
Según sostiene Vila, el gobierno catalán no adoptó ningún acuerdo posterior al del 6 de septiembre para autorizar las contrataciones necesarias para el 1-O, de forma que ello “quedó en suspenso y carente de ejecución material” hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el 27 de octubre.
Por este motivo, Vila pide quedar exonerado del delito de malversación, al concluir que ni la consellería de la que fue titular ni el gobierno catalán, colectivamente, llevaron a cabo “gasto alguno” para la organización y celebración del referéndum.
El exconseller precisa que, pese a que el 1-O se celebró el referéndum, no fue financiado con dinero público ni con cargo a ninguna partida presupuestaria de la Generalitat.
