El Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado cerrar desde 2016 un total de 4.148 pisos turísticos ilegales -de los cuales ha comprobado que 2.355 ya no operan-, ha impuesto 5.503 sanciones y ha inspeccionado 81 edificios enteros, 21 residencias de estudiantes y 61 pensiones turísticas que incumplían su licencia. Así lo anunció ayer la teniente de Urbanismo de la ciudad, Janet Sanz, en una rueda de prensa en el Consistorio barcelonés, en la que indicó que el gobierno municipal ha comprobado que, de las 4.148 órdenes de cierre, 2.129 apartamentos turísticos no han vuelto a operar siguiendo las órdenes del Ayuntamiento, mientras que 226 han debido ser precintados.
Estos datos señalan que el 90% de los pisos turísticos cerrados que se han inspeccionado a posteriori han cumplido con lo instado por el Consistorio, mientras que un 6% ha reincidido en su infracción y un 4% sigue bajo sospecha, unos números que, según Sanz, demuestran la “eficacia” del equipo gubernamental. Sanz comunicó que entre 2016 y 2018 se han abierto 10.635 expedientes y se han impuesto cinco veces más sanciones que en el bienio 2014-2016 -cuando la ciudad la gobernaba el exalcalde Xavier Trias-; asimismo, las órdenes de cese de la actividad se han sextuplicado.
