Un 8,7 % de los catalanes no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada, y un 6,8 % pagan con retraso las facturas de suministros básicos, según un informe de la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS).
El informe constata que el fondo que dispone la Generalitat contra la pobreza energética no se agota por “la complejidad para acceder” a él, y que “falta una visión integral en la lucha contra la pobreza” porque “la única medida global es paliativa, no cubre la demanda y no cuenta con la contribución prevista por parte de las suministradoras”.
El informe, hecho público en la víspera de la inauguración mañana en Sabadell (Barcelona) del I Congreso Catalán de Pobreza Energética, desvela los indicadores fundamentales a la hora de constatar que “la pobreza energética existe en Cataluña”.
Según la federación de entidades, la pobreza energética “se debe entender como una cara más de la pobreza y su abordaje no puede desligarse del derecho a la vivienda”.
“Hacen falta políticas preventivas que empiecen por garantizar unos ingresos mínimos a toda la población y, más a largo plazo, impulsar el debate sobre qué modelo de gestión de la energía queremos para garantizar el derecho a la vivienda y los suministros básicos”, reza el informe.
El informe “Pobreza y privación de suministros básicos. Pobreza energética en Cataluña, una cuestión de ingresos”, de la ECAS recoge los datos estadísticos disponibles sobre el fenómeno y analiza las medidas adoptadas para hacerle frente, que, según el estudio, “son sólo paliativos y se han demostrado ineficaces”.
El informe señala que el Fondo de Atención Solidaria para cubrir los recibos impagados de agua luz y gas no agotó su presupuesto en 2015 “por la complejidad de los requisitos exigidos para acogerse a ella”, por lo que las entidades sociales piden simplificar el acceso y la tramitación de las ayudas.
La federación ECAS plantea la necesidad de aplicar el ‘bono social’ en los gastos fijos de los suministros y de facilitar la tramitación a los inquilinos y las entidades que gestionan pisos.
En cuanto a la Mesa de Pobreza Energética, reclama implicar a todos los agentes que forman parte y hacer un seguimiento de las medidas propuestas.
El informe alerta de los efectos de la pobreza energética en la salud, el crecimiento de los niños y el medio ambiente y asocia la pobreza energética a una “mayor prevalencia de diferentes enfermedades físicas, sobre todo cardíacas, inmunológicas, reumáticas y respiratorias, y también mentales, así como el incremento de las tasas de mortalidad, principalmente en invierno”.
En los niños, aumenta un 30 % la probabilidad de ingreso hospitalario o atención en un centro de asistencia primaria.
Además, señala que el uso de sistemas de calefacción económicos y deficientes provoca un incremento de las emisiones de gases y de la contaminación atmosférica, causa de “un empeoramiento de la salud pública más allá de las circunstancias específicas de las familias en situación de pobreza energética”.
El documento subraya la escasez y la debilidad de los datos estadísticos disponibles y, sobre las causas de la problemática, además de la crisis económica y la falta de ingresos, denuncia que entre 2008 y 2015 los precios de la electricidad han experimentado un incremento del 60 % y los del agua, de un 66 %.
Estos aumentos han contribuido a que el 14,6 % de los catalanes tengan que dedicar más del 10 % de sus ingresos a pagar los suministros básicos.
Ante el mal estado de muchas viviendas, el informe reclama más inversión en la mejora de la eficiencia energética de los edificios, promocionar un uso racional de la energía y mejorar la transparencia y el acceso a la información por parte de los usuarios.
