Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 llegan el martes al Congreso para ser aprobados definitivamente con el argumento del Ejecutivo de que consolidarán la recuperación y cumplirán con el déficit, pero bajo las dudas de Bruselas y las críticas de la oposición de que son electoralistas.
Las cuentas del próximo año verán la luz tras dos meses y medio de tramitación en el Congreso y en el Senado y después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, las presentara en el Consejo de Ministros el 29 de julio y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, las desglosara el 4 de agosto en la Cámara Baja.
El adelanto de los presupuestos, que habitualmente suelen presentarse en septiembre, ha sido consecuencia de la convocatoria de las elecciones generales para el 20 de diciembre.
Así, en medio de la canícula veraniega Montoro presentaba, por novena vez, este proyecto de Ley que incluye un techo de gasto de 123.394 millones, el 4,4 % menos que el de 2015 y que dedicará 39 euros de cada 100 al pago de pensiones, siete a prestaciones por desempleo y políticas activas y ocho a gastos sociales.
Además, contempla la devolución del 50 % restante de la paga extra de 2012 suspendida a los funcionarios y la revalorización del 0,25 % de las pensiones, tal como marca la Ley.
Durante la tramitación de enmiendas en el Congreso y en el Senado, el grupo popular ha rechazado prácticamente todas las iniciativas de la oposición, incluyendo sólo algunas de carácter técnico y otras relativas a los autónomos, a deducciones por las primas de seguro de enfermedad para determinados colectivos, y al tratamiento de los activos fiscales (DTA en inglés).
Los grupos políticos de la oposición y también los sindicatos UGT y CCOO han criticado duramente los presupuestos, que tildan de “electoralistas”, “irreales” y “antisociales”.
Además, la polémica se ha incrementado tras la advertencia de la Comisión Europea (CE) de que no cumplirán con el objetivo de déficit público de 2015 y de 2016 que contempla el Ejecutivo.
El dictamen emitido por la CE pide a España tomar medidas para evitar que el déficit del conjunto de las administraciones públicas se desvíe al 4,5 % del PIB este año frente al 4,2 % previsto por el Gobierno e incluso alerta de que podría llegar al 3,5 % en 2016, en vez del 2,8 % marcado por el Ejecutivo.
Lo cierto, es que tanto el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, como el titular de Hacienda han reiterado que se cumplirá con las metas estipuladas gracias a los ahorros en intereses de la deuda, a la disminución de las prestaciones por desempleo y a la buena evolución de los ingresos tributarios.
El Gobierno estima que el Estado disponga a cierre de 2015 de un margen presupuestario de 8.500 millones de euros, que junto con el superávit que espera de los ayuntamientos, servirá para compensar las desviaciones de la meta de déficit de las comunidades autónomas y la Seguridad Social.
“Siempre se acaba cumpliendo”, recordaba recientemente De Guindos tras considerar que no es la primera vez que la CE duda de los objetivos de déficit de España.
Bruselas considera que las previsiones españolas para 2015 son “plausibles”, pero las cuentas para 2016 son “un poco demasiado optimistas y sujetas a riesgos negativos”, en palabras textuales del comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici.
Entre las pocas novedades de los presupuestos tras su trámite están la ampliación del umbral de facturación a los transportistas hasta los 250.000 y 125.000 euros para su tributación en módulos y el aumento a 1.500 euros de la cuantía deducible por las primas de seguro de enfermedad en la declaración del IRPF para aquellos empresarios que abonen su propia cobertura, la de cónyuge o hijos que acrediten una discapacidad.
Además, las entidades financieras españolas que aplazaron durante varios ejercicios el pago de impuestos gracias a ciertos activos fiscales tendrán que pagar en torno a 420 millones de euros el año que viene si quieren contar como capital de máxima calidad unos 28.000 millones.
Asimismo, las cuentas permitirán que Marbella recupere los bienes incautados y el dinero de las multas del caso Malaya para compensar la deuda de la ciudad con la Seguridad Social.
