La PAH de Terrassa ha logrado la suspensión de su primer desahucio abierto en la ciudad. El caso afecta a Ana M., a quien el juzgado había notificado un lanzamiento con 12 días de margen para su ejecución que culminaba el viernes.
El expediente judicial lo inició Unnim-BBVA como titular del piso ocupado por Ana M., pero el inmueble fue vendido al fondo buitre Divarian. Ese traspaso patrimonial no había sido reflejado en la causa y ha permitido frenar el desalojo.
"Hemos comprobado -explica la PAH- que en el Registro de la Propiedad Divarian había inscrito la compra de la vivienda recientemente y hemos entrado un escrito al juzgado porque eso era incompatible con que fuera Unnim-BBVA quien pedía el desahucio". La entidad financiera no había comunicado el cambio de propiedad "y el juez nos ha dado la razón, suspendiendo el desahucio, aún sin nueva fecha", explican desde la PAH.
La plataforma hizo pública su victoria el viernes frente al BBVA, donde Ana M. celebró haber puesto fin a su situación de angustia, durante doce días de amenaza de deshaucio inminente.
La plataforma señala a los bancos como "los responsables máximos de la situación en la que están miles de familias en nuestra ciudad, en Catalunya y en todo el Estado". Denuncia que las entidades financieras "malvenden" su parque inmobiliario "a fondos buitres, eludiendo una vez más su responsabilidad y escudándose en que los pisos ya no son suyos". Entienden, además, que la Justicia impone desahucios abiertos "con el objetivo de desactivar la defensa que los movimientos sociales hacen del derecho a la vivienda".
El de Ana M es para la plataforma "un caso emblemático y muy importante". Haber conseguido la suspensión y "ganar el pulso a Divarian-BBVA, que piensan que los juzgados son siervos de sus intereses" funcionará como "un dique de contención frente al riesgo de que esta práctica desastrosa se extienda a los 3-4 desahucios diarios que tenemos en Terrassa".
La PAH se ha adherido a la campaña #ProuDesnonamentsOberts. La plataforma exige a los bancos, los fondos buitres, al Ayuntamiento y a los juzgados que se impliquen en conseguir un alquiler social para Ana M.
