La Abogacía del Estado ha pedido que se impute a activistas heridos el 1-O al considerar que integraron una “masa tumultuaria” para impedir la retirada de urnas y ha advertido de que solo quedarían eximidos si acreditan que la Generalitat les “engañó” para que creyeran que ejercían su derecho a voto.
En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, la Abogacía del Estado se suma al recurso interpuesto ante la Audiencia de Barcelona por el Sindicato Profesional de la Policía y solicita que ordene al juez de Barcelona que investiga las cargas del 1-O que impute a unos cuarenta votantes que denunciaron haber sufrido lesiones.
El titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona acordó el pasado 5 de febrero desestimar la imputación de estos heridos, alegando que la justicia no había prohibido a los ciudadanos acudir a los puntos de votación y que atribuirles un delito de resistencia supondría “trasladarles las responsabilidades del fracaso de las instituciones públicas en este tema”.
La Abogacía del Estado señala por contra que las personas que se integraron en la “masa tumultuaria” en la Escola Prosperitat de Barcelona para impedir la actuación de la Policía Nacional no se limitaron a una resistencia pasiva, sino que podrían haber cometido los delitos de resistencia, desobediencia grave, intimidación, desórdenes públicos y atentado a la autoridad.
Lo único que les podría eximir de responsabilidad penal, apunta el escrito, es que los afectados demuestren que “creían tener el derecho a obstaculizar la actuación policial” porque los poderes públicos autonómicos les hicieron incurrir en el “error invencible” de que defendían su derecho a voto y que actuaban legalmente.
En este supuesto, la Abogacía entiende, según el escrito, avanzado por eldiario.es, que la responsabilidad por las lesiones sufridas por estos votantes en las cargas sería “enteramente imputable” a la administración autonómica y no a la Policía.
“Sabiendo que la votación estaba prohibida, que había orden de retirar las urnas y que se iban a retirar por la policía, le habrían engañado para hacerle creer que era su derecho impedir la actuación policial, y por consiguiente exponiéndole a lesiones seguras y haciéndole incurrir en una conducta delictiva”, argumenta.
