La quinta sesión del juicio al "procés" arrancó ayer con el interrogatorio al exconseller Josep Rull, que protagonizó una defensa contundente en la que combinó el discurso político con una estrategia de réplica que tensionó el diálogo con la fiscal Consuelo Madrigal. Durante más de cuatro horas de declaración, en las que respondió a las acusaciones del Estado pero no a la acusación popular ejercida por Vox, Rull admitió haber participado en la redacción y firmado la hoja de ruta del "procés", que es "una declaración de intenciones, no un documento estratégico". El Govern, argumentó, intentó reiteradamente sin éxito acordar un referéndum con el Estado", convencido de que "dentro de la Constitución española, si hay voluntad política, se puede hacer un referéndum".
Eso es lo que buscaba la hoja de ruta, dijo, que "no hacía ninguna referencia a la movilización popular", como sí lo hacía la hoja de ruta de la ANC. Finalmente, la convocatoria del 1-O se aprobó en base a una ley que "no estaba suspendida ni impugnada".
A preguntas de la fiscal, Josep Rull admitió que al menos en 6 ocasiones fue advertido de la ilegalidad del proceso por el Tribunal Constitucional, institución que a su juicio "carece de autoridad moral" después de someterse a los dictámenes del Gobierno, denunció. "Hay una utilización sistemática, constante y permanente por parte del Estado y del Tribunal Constitucional, que se ha dejado instrumentalizar". En ese contexto, las decisiones del Govern respondieron a los principios de "legitimidad, de la ley y al principio democrático"
Consuelo Madrigal centró ayer parte de su interrogatorio en la imputación por malversación. Insistió en el desvío de 6 millones del presupuestos a actividades declaradas ilegales por el Constitucional, a lo que Rull respondió que "no se podía ni se hizo". "No se destinó un solo euro público a la organización del referéndum", reiteró, como tampoco se encargó a Unipost la distribución de las tarjetas censales. "No encontrará ninguna factura con el pago de algún tipo de gasto vinculado a Unipost. No se produjo".
Avanzado el interrogatorio, la fiscal intentó que Josep Rull explicara el origen de las urnas y las papeletas del 1-O, que admitió con cierta sorna "estaban, jo voté". El político dijo desconocer por completo dónde se confeccionaron las urnas y las papeletas, argumentando que el Govern "comunicó" el referéndum, pero no se hizo cargo de la parte "operativa". Ese papel lo asumió la sociedad civil ya que, explicó, "en mi país hay un importante volumen de ciudadanos comprometidos con la causa de la libertad".
La fiscalía basa la acusación de rebelión contra Josep Rull en la componente de incitación a la violencia y en la negativa a que atracara en el puerto de Palamós el barco que debía alojar a los policías desplazados a Catalunya con motivo del 1-O.
Seguridad de los votantes
Madrigal preguntó a Rull si no temió por la seguridad de los votantes al convocar la consulta y Rull aseguró que "jamás hubiese imaginado que las fuerzas del Estado desplegaran el nivel de violencia que desplegaron", contra "gente pacífica y democrática".
La fiscal insistió en las declaraciones del entonces conseller de Territori i Sostenibilitat al digital El Nacional, donde afirmó que "el Estado iba a ser muy contundente". Esas palabras se referían, puntualizó Rull, a las declaraciones del Fiscal del Estado, que aquellos días declaró: "No nos obliguen a ir más allá de la ley". El político mantuvo en este punto un tenso pulso con la Fiscalía, a la que acusó de mezclar fragmentos de la entrevista en El Nacional para forzar el relato de la incitación a la violencia. Esa acusación le valió el reproche del presidente del tribunal, Manuel Marchena.
Conselleria de Economía
En otro momento de la vista, el acusado volvió a cuestionar el relato de la Fiscalía, en este caso sobre los hechos del 20 de septiembre de 2017 ante la conselleria de Economía. "Ustedes definen la manifestación como tumulto, turba, muchedumbre, masa, instrumento coactivo. Para mí es un derecho a la manifestación". Y sobre los "escraches", en palabras del Ministerio Público, a los hoteles donde se albergaban policías y guardias civiles. "Me ha costado verlos, pero si los hubo los condeno de manera rotunda", dijo Rull.
En Catalunya el 1-O los Mossos cerraron colegios "sin incidencias", mientras en los que intervinieron las fuerzas y cuerpos del Estado "con violencia". A la pregunta de si en algún momento el Govern se planteó suspender la consulta ante la perspectiva de incidentes, Rull insistió en que "convocar un referéndum no aceptado por el Estado no es delito " y como prueba citó al grupo del PP en el Congreso, que este martes pedía que volviera incorporarse como delito al Código penal.
Respecto al atraque frustrado del barco/hotel en el puerto de Palamós, el ex conseller se defendió argumentando que el buque no utilizó los mecanismos ordinarios para el amarre. Además, explicó que en plena campaña de cruceros, el puerto carecía de espacio y que incumplir los compromisos adquiridos negándoles la entrada comprometía "la fiabilidad" económica del puerto.
El topónimo "Terrassa"
Durante el interrogatorio de ayer ante el Tribunal Supremo, Josep Rull hizo varias menciones a su condición de terrassense y de ex conseller de Territori i Sostenibilitat. También aprovechó su declaración para defender el catalán, al verse obligado a declarar en castellano por falta de traducción simultánea. Esa carencia "hace imposible mi derecho pleno a expresarme en plenitud". Y añadió: "Con demasiada frecuencia tengo la sensación de que ven la lengua catalana como una amenaza o como un problema. Ojalá se viera como una riqueza con voluntad de ser compartida".
Durante los primeros minutos de su comparecencia, Rull pidió que en la documentación de la causa "se respete el topónimo de Terrassa". "Yo soy de Terrassa", dijo, para recordar al tribunal que "Terrassa desde 1979 se escribe con ‘e’ y con dos eses. Por tanto rogaría al Ministerio Fiscal y a la Abogacía que utilicen los topónimos adecuadamente y no los de épocas anteriores de recuerdo infausto".
