El grupo municipal de ERC-MES vertió ayer duras críticas contra la decisión del equipo gobierno socialista de convocar un concurso para renovar la concesión del transporte de autobuses. En rueda de prensa, el portavoz Isaac Albert y el concejal Carles Caballero denunciaron que "el gobierno saque a concurso un servicio público sabiendo que no se adjudicará y sin estudiar la única opción que puede ser viable que es la gestión directa".
Esta es la postura que ayer proclamó el grupo de Esquerra-MES, horas antes de la celebración del pleno extraordinario del lunes para iniciar el proceso de cambio de concesión. Al respecto, Isaac Albert manifestó que "convocar este concurso a cuatro meses de vista de las elecciones municipales un es una clara irresponsabilidad del gobierno socialista porque hipoteca el futuro del nuevo gobierno que saldrá de las elecciones". Y recordó que "no somos los únicos que decimos que será un fracaso. El teniente de alcalde de Territorio y Sosteniblidad, Marc Armengol , en declaraciones a Diari de Terrassa (este periódico) ya prevé que la adjudicación no se podrá realizar porque será judicializada". Un hecho este que calificó de "inaudito".
Batalla privada
Al respecto, Albert recordó que el freno "legal" será causado por las mismas empresas que se presenten a la licitación. "Las adjudicaciones privadas para servicios públicos se han convertido en una batalla. Ya lo hemos visto en Terrassa con el comedor escolar y con la energía. El sector privado quiere obtener sí o sí el contrato y por ello hay empresas que quedan fuera y que recurren contra la adjudicataria. Este es un tema y otro es que buscan su beneficio empresarial y por tanto rebajan la calidad del servicio que prestan a los ciudadanos".
En este contexto, los republicanos defendieron la municipalización del servicio, la gestión directa, y afearon al gobierno socialista que esta opción no la hayan estudiado. "Por ahora pensamos que es la única viable y no supondría un coste extra para la ciudadanía, ya que el Ayuntamiento se hace cargo de las inversiones y de la diferencia entre la venta del billete y el coste del servicio"(unos nueve millones de euros anuales).
Albert y Caballero también reprocharon que el PSC haya conseguido el voto favorable de Ciutadans y PDeCat, "cuando ambos votaron en contra del Plan de Movilidad", rememoraron.
