El concurso para la concesión del servicio del transporte público colectivo en Terrassa iniciará su tramitación el próximo lunes. El gobierno municipal ha convocado un pleno extraordinario con la intención de cumplir su compromiso de dejarlo todo a punto antes del final de mandato para la adjudicación del servicio. Si el dictamen sale adelante, el inicio del expediente se abordará de inmediato y en el plazo de dos meses se aprobarán los pliegos del concurso. La adjudicación del servicio la resolverá el gobierno municipal que emane de las urnas en mayo.
El ejecutivo de Alfredo Vega tiene prácticamente asegurada la mayoría simple en el pleno extraordinario del lunes, después de que la oposición tumbara el pasado mes de diciembre la elevación del dictamen al pleno. Semanas después, el acuerdo parece viable.
Marc Armengol, teniente de alcalde de Territorio y Sostenibilidad negocia con Ciutadans y con PDeCAT su apoyo al inicio del expediente. El sí de ambas formaciones sumaría 15 votos de 27 y aseguraría el lunes la aprobación del expediente.
Ciutadans condiciona su voto afirmativo a la revisión de las rutas del bus y a mejoras en los bonos sociales. PDeCAT, por su parte, pide incorporar condiciones al pliego del concurso. De haber acuerdo, en ambos casos el gobierno cerraría el pacto antes del lunes pero daría cumplimiento a los requisitos después del pleno. Y si no cumple, volvería a jugarse la mayoría en la aprobación de los pliegos.
La izquierda mantiene el no
Las formaciones de izquierda mantendrán su negativa a la aprobación del inicio del expediente del concurso del bus el próximo lunes. TeC critica que el gobierno inicie el proceso concursal sin haber pactado antes el modelo del transporte público para la nueva etapa. "Esta es una medida que responde a intereses de partido -comentaba ayer el portavoz de la confluencia Xavier Matilla-. Se inicia la tramitación del concurso sin consensuar que tipo de mejoras se van a aplicar y cual será el modelo del servicio".
ERC votará no al considerar "una locura" que el PSC "presente una licitación de 190 millones de euros a cuatro meses de las elecciones sin saber quien deberá gestionarla", comentaba ayer el concejal Carles Caballero. Los republicanos creen que la decisión condiciona al gobierno que salga de las elecciones de mayo y supone afrontar el riesgo de que "no la comparta o discrepe de su contenido".
La formación también critica la predisposición de Cs y PDeCAT a apoyar el inicio del expediente "sólo tres semanas después de oponerse" y les pide que "expliquen su cambio de posición".
La CUP también se opondrá. Apoyan la remunicipalización porque consideran que "es la única manera de garantizar transporte público de calidad y accesible a todos, así como las condiciones laborales dignas de los trabajadores".
El inicio del expediente de contratación del servicio del bus pone fin a un largo proceso iniciado el anterior mandato, cuando el primer concurso se frustró por el recursos de las operadoras y después de registrarse errores en la tramitación. El gobierno se había comprometido a convocar de nuevo la licitación este mandato y lo hará in extremis, a apenas cuatro meses del final del mismo.
En diciembre, el gobierno justificó la urgencia del proceso por la complejidad del mismo y advirtió a la oposición que cargaría con la responsabilidad de posponerlo una vez más si bloqueaba su aprobación, como así fue.
Ahora, con el inicio del expediente se abre un nuevo proceso que el ejecutivo prevé tanto o mas complejo que el anterior. La administración ha encargado a la AMTU y a Deloite la redacción de los pliegos, que han debido adaptarse a la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Terrassa será la primera ciudad que afrontará un concurso público de dimensiones en el nuevo marco legal y lo hará sin referentes. Esa inseguridad, ha comentado el gobierno, está instalada en los organismos que deben emitir informes previos y ha condicionado a los técnicos implicados en la tramitación, que no quieren asumir riesgos innecesarios, mucho menos tras el primer concurso fallido.
Marc Armengol afirma que su equipo dará por finalizado el trabajo en marzo con la aprobación del pliego de cláusulas. A partir de ese momento, está convencido de que se acumularán los recursos a los pliegos y que las operadoras que pierdan el concurso acabarán judicializándolo.
El expediente del bus que se votará el lunes arranca cuando la actual concesionaria del servicio, la empresa Avanza, está a punto de finalizar los diez años de prórrogas previstos en su contrato. La operadora gestiona el transporte público en la ciudad desde 1989 y el próximo mes de septiembre culmina una década de prorrogas regladas.
En el pleno de octubre de 2018, el gobierno sometió a votación, y perdió, una nueva prórroga que pretendía dar margen al Ayuntamiento para resolver el nuevo concurso. La oposición rechazó el dictamen, pero al tratarse de un trámite preceptivo el gobierno lo resolvió vía ejecutiva.
