El grupo municipal de Terrassa en Comú llevará al pleno de enero una propuesta de resolución en la que pide al alcalde de Terrassa, Alfredo Vega que, en nombre de todo el Ayuntamiento, manifieste al presidente del Gobierno su malestar por la retirada de la regulación de los precios del alquiler. "Nuestro ayuntamiento no se puede quedar de brazos cruzados y no hacer nada. Debe hacer la presión que hacen otros", reclamaba ayer el concejal de la confluencia Xavier Martínez.
TeC cree que Pedro Sánchez debe retirar el Real Decreto Ley 21/2018 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler y elaborar un nuevo documento que incluya las medidas relativas a la limitación de los precios del alquiler. La formación afirma que el Ejecutivo socialista "ha cedido a la presión de los fondos buitre", por eso se suma a la iniciativa de otros municipios que reclaman la posibilidad de intervenir en los precios del mercado de alquiler, luchando contra la burbuja de los alquileres y garantizando el derecho a la vivienda.
El 14 de diciembre el Consejo de Ministros aprobaba por decreto la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, una reforma que los sindicatos de inquilinos, la PAH, algunos partidos y varios municipios venían reivindicando. Sin embargo, los cambios que el Gobierno incluye en las medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda y favorecer el alquiler asequible "son totalmente insuficientes -comenta Martínez-, lo que nos hace sospechar que el Gobierno está cediendo a la presión de los lobbies inmobiliarios, que son los que han diseñado la política de la vivienda los últimos 30 años".
El acuerdo de presupuestos entre el PSOE y el grupo de UP-CP-En Marea incorporaba el control de los precios del alquiler. En el punto 3 del pacto, se otorgaba a los ayuntamientos la facultad de poder intervenir en el mercado de los alquileres especialmente tensionados. Es el caso de Terrassa, recuerdan desde el grupo municipal de Terrassa en Comú.
La formación lamenta que el acuerdo suscrito con la izquierda parlamentaria sea el gran ausente del decreto aprobado el 14 de diciembre por el Gobierno y critica que la medida quede postergada para el próximo año. "Resulta urgente e imprescindible que este Gobierno aplique medidas para revertir" la situación actual, en un contexto de emergencia habitacional "imputable a una burbuja de los alquileres causada políticamente".w
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