El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una orden ministerial por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para este 2019. El texto de la orden ya no incluye cargos por el mantenimiento de la planta gasista Castor, ni los cargos por amortización de la planta a los consumidores de gas, como sí hacían las anteriores.
La Cecot expresó en una nota su satisfacción por ver materializado su objetivo de evitar que los consumidores de gas deban asumir el sobrecoste generado por una mala gestión en relación con la infraestructura Castor, sin tan siquiera recibir una mejora en el servicio o el suministro de gas.
La Cecot inició en 2015, junto a otras organizaciones empresariales como el Consejo Intertextil Español y el Centre Metal·lúrgic, con el respaldo de Fepime, un plan de acción destinado a evitar que los consumidores de gas, y en especial las empresas del sector industrial, tuvieran que asumir el coste de la compensación a la empresa constructora y concesionaria del almacén gasístico Castor, que no se ha llegado a poner en marcha. La cuantía de la compensación es de 1.350 millones de euros, que los consumidores de gas están abonando en su factura y que seguirán pagando en los próximos 30 años, fruto de lo que la Cecot considera una mala gestión del Estado.
Impugnaciones
A finales de abril del 2015, la Eurocámara instó a la CE y al Banco Europeo de Inversiones a que tomaran medidas con el fin de evitar que los ciudadanos españoles tuvieran que abonar esos 1.350 millones de euros en compensaciones por un proyecto precedido "de una evaluación desastrosa".
En 2017 el Constitucional avaló la decisión de la Eurocámara, hecho que ha constituido un apoyo a las demandas de impugnación de las distintas órdenes ministeriales llevadas por la Cecot al TC.
De hecho, la defensora del pueblo europeo, Emily O’Reilly, emitió recientemente una resolución calificando de mala administración la actuación llevada a cabo por el Banco Europeo de Inversión en relación al caso Castor.
La Cecot impugnó las órdenes ministeriales para los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 del Real Decreto-ley 13/2014 por el concepto de mantenimiento y operatividad de Enagás Transporte SAU con cargo a los ingresos por peajes y cánones del sistema gasista por considerar inconstitucional algunos de los preceptos del real decreto-ley. La finalidad, obtener sentencias favorables a los consumidores de gas, a los que el Gobierno debería reintegrar una cuantía aproximada de doscientos millones de euros por todos los ejercicios.
Después de que el Tribunal Superior diera la razón en las dos primeras de las cuatro impugnaciones de las ordenes ministeriales relativas al mantenimiento de la plataforma Castor, la Cecot entiende que el resto tendrán un veredicto positivo para los consumidores de gas. Por el momento, entre la primera sentencia y la segunda, se han anulado 118 millones de euros en retribuciones que el Gobierno debe reintegrar a los consumidores de gas.
"Inversión fallida"
La diferencia del fallo de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo para la segunda sentencia, en relación a la primera, es que se obliga al Gobierno a devolver a los consumidores de gas no sólo la cuantía relativa al importe del mantenimiento y operatividad de Enagás Transporte SAU de 2016 (15,7 millones de euros), sino que además obliga también a devolver la primera cuota anual (80.6 millones) de retorno del crédito de 1.350 millones que el anterior Gobierno autorizó a pagar a la exconcesionaria Escal UGS y el importe en concepto de costes de mantenimiento por parte de Escal UGS (4,5 millones) entre el 3 de octubre y el 30 de noviembre de 2014.
"Consideramos que el almacén Castor constituye una inversión fallida, en la que prevaleció la construcción de la infraestructura por encima de su viabilidad, y no estamos de acuerdo con que los usuarios del gas tengan que asumir el coste cuando ni siquiera se ha llegado a poner en marcha", afirmó el presidente de la Cecot, Antoni Abad. Y añadió: "La industria supone más del 60% del consumo del gas en todo el Estado español y el incremento de costes en los procesos productivos afectará directamente a su competitividad sin obtener a cambio ninguna mejora en el servicio de suministro de gas".
