La decisión estaba tomada, pero el descontento vecinal por la proliferación de okupaciones de casas, la profusión de plantaciones de marihuana en muchas de las fincas okupadas y algunos robos con fuerza han apuntalado la resolución: el Ayuntamiento tiene muy avanzado un proyecto para instalar cámaras de videovigilancia en Can Palet de Vista Alegre. Y no se descarta que detrás vengan más: más sistemas similares en otros barrios residenciales con morfología de urbanización.
La sensación de inseguridad es rampante en ese sector de Terrassa y la posibilidad de intentar rebajarla con la puesta en marcha de un sistema tecnológico de videovigilancia se ha tratado en reuniones entre representantes del Ayuntamiento y la asociación de vecinos de Can Palet de Vista Alegre. Había demandas de los segundos y predisposición de los primeros. El proyecto está adelantado, pero no perfilado. "Debemos concretar cuántas cámaras se instalarían y en qué lugares", apunta Manuel Giménez Guardia, teniente de alcalde y concejal de Seguridad. El gobierno municipal quiere, con esa medida y otras, "satisfacer demandas vecinales" que se arrastran desde hace años pero se han reavivado en este último. El procedimiento estudiado es el de la colocación de cámaras de control de matrículas que suministran al momento información sobre vehículos sospechosos y captan incluso si esos vehículos tienen concertado el seguro obligatorio y si han pasado la ITV.
El Ayuntamiento, sin embargo, debe evaluar aún si serán esas finalmente las cámaras a instalar u optará por otro modelo. Lo que sí tiene claro, según el teniente de alcalde, es su resolución a poner en funcionamiento el sistema tecnológico de control "antes de que acabe el mandato". Los escollos por salvar no son sólo de índole tecnológica o presupuestaria, sino también de filtro legal: el gobierno municipal debe transmitir el proyecto a la comisión de videovigilancia del Departament d’Interior para su validación. Por eso necesita sustanciar la justificación del programa en base a razones de seguridad.
El sistema planificado no sustituirá el trabajo de agentes policialers, pero sí "optimizará recursos", según el concejal Giménez, y su aplicación estará "interaccionada" con las patrullas.
Una oleada de okupaciones de casas y parcelas propiedad de bancos ha puesto sobre el tapete este otoño la necesidad de adoptar medidas urgentes. Vecinos del barrio emprendieron una recogida de firmas para exigir una respuesta a la inseguridad que generan algunos de los okupas "de piscina y barbacoa", como los denominó uno de los vecinos. Este diario se hizo eco del hartazgo de los residentes en un reportaje publicado el 15 de noviembre que incluía una información sobre un okupa que había llegado a ofrecer en traspaso la vivienda en la que moraba. El precio era de 2.600 euros.
Ocupantes conflictivos provocaban peleas, ensuciaban aceras, traficaban con drogas, causaban destrozos en contenedores y conducían vehículos de alta gama, poco compatibles con quienes okupan casas por necesidades económicas. Los niños no podían caminar libremente por las calles, como antes, por la inseguridad producida, en especial por la inseguridad viaria derivada de las altas velocidades alcanzadas por algunos automóviles en una zona que antaño era conocida como "El Sosiego". Las carreras ilegales constituyen otro de los problemas de convivencia denunciados por el vecindario. Otro de los problemas que el Ayuntamiento intentará controlar con la instalación de cámaras.
Los dispositivos de captación de imágenes no son una novedad en la comarca. En septiembre pasado el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès aprobó en un pleno una moción para estudiar la viabilidad técnica y económica de la instalación de cámaras. Su aplicación sería temporal. El sistema pensado era de reconocimiento de matrículas e incluía una alerta inmediata a la policía si el vehículo captado tenía algún requerimiento.
La puesta en marcha de esta tecnología de cámaras OCR en Sant Cugat perseguía el refuerzo de la seguridad pública en el municipio en un momento de quejas y sensibilidad vecinal provocadas por el aumento de robos con fuerza en viviendas. El mismo mecanismo se utiliza en Matadepera y Ullastrell y sirve para controlar los vehículos que acceden a esos términos municipales, como destacó el gobierno local. Los impulsores del acuerdo defendían el uso de las videocámaras como elemento de prevención de delitos "cometidos con vehículos que consten como sustraídos o que están sometidos a un especial control policial". El propósito municipal era mejorar la percepción ciudadana de seguridad. Como en Terrassa, como en Can Palet de Vista Alegre.
