El pleno de octubre rechazó la aprobación de una nueva prórroga del contrato de explotación del servicio municipal del transporte público en Terrassa, la última prevista en la concesión a la empresa mixta TMESA firmada en 1989. El gobierno del PSC llevó el expediente a votación con la voluntad de ganar tiempo para volver a sacar a concurso la gestión del servicio, pero enfrente se topó con una oposición dispuesta a tumbar el expediente y muy crítica con la gestión del ejecutivo.
Los 11 votos en contra de los concejales de Terrassa en Comú (TeC), ERC-MES y la CUP sumaron mayoría frente a los 9 favorables del PSC. PP, Ciutadans y PDeCAT optaron por abstenerse en la aprobación de la nueva prórroga, que finalmente saldrá adelante vía ejecutiva. El rechazo político del pleno no impide que el gobierno suscriba un nuevo aplazamiento del contrato con TMESA, ya que la prestación del servicio no puede detenerse y debe estar garantizada mientras se resuelve el nuevo concurso.
La oposición de izquierdas cargó duro el jueves contra la gestión que se ha hecho desde la concejalía de Movilidad y en especial con la actitud de su titular, Marc Armengol, al que acusó de "incapacidad política" para agilizar el nuevo concurso y de utilizar el pleno para "tapar sus vergüenzas".
Armengol explicó que espera tener lista la licitación del nuevo concurso en diciembre y resolver la adjudicación en primavera de 2019, un calendario que la oposición no se cree. ERC-MES criticó la sucesión de prórrogas de los últimos años y acusó a Armengol de "mentir" con un calendario "que volverá a no cumplir -afirmó el republicano Carles Caballero-. No se lo merece la ciudadanía".
Xavier Matilla, portavoz de TeC, también vaticinó que será necesaria una nueva prórroga. "El mérito de la gestión del servicio es de la operadora. Su responsabilidad era licitar y no lo ha hecho". El retraso en la adjudicación de un nuevo contrato ha frenado, afirmó Matilla, "avances en el servicio como la puesta en marcha de nuevas líneas y la mejora de frecuencias".
Al rechazo de comunes y republicanos se sumó la CUP, que reclamó la gestión directa del servicio, mientras el PDeCAT optó por abstenerse. Lo hizo desde la "incomodidad", argumentó su portavoz Miquel Sàmper, que se mostró dispuesto a votar sí pero pidió garantías a Armengol de que el concurso estaría resuelto en primavera. El concejal socialista se comprometió a "velar por que se cumpla el calendario", un argumento que no convenció a los soberanistas, que acabaron absteniéndose.
Armengol explicó al pleno que el calendario de la licitación "lo fijan los técnicos", recordó que el área de Territorio y Sostenibilidad se ha visto "desbordada" los últimos años por concursos como el del agua y defendió las mejoras llevadas a cabo en el transporte público, como la renovación de la flota y la interconexión con FGC. "Los usuarios nos puntúan con un 7’6 -insistió- y este año batiremos récord de viajeros, superando por primera vez los 13 millones anuales".
Armengol fracasó al pedir a los grupos "corresponsabilidad, tanto a los que han gobernado como a los que quieren hacerlo". El concejal sí contó con el apoyo de Ciutadans, que llegó a pedirle a la oposición de izquierdas que no tumbara "la propuesta del gobierno, porque con ella tumban a la ciudadanía". Los tres concejales de la formación naranja, sin embargo, apostaron finalmente por abstenerse y lo hicieron "por coherencia -dijo el portavoz Javier González-. Por que estamos satisfechos con la colaboración público-privada".
El concurso de la limpieza sí
El pleno de octubre debatió y en este caso si aprobó, el expediente para la adjudicación del servicio de limpieza de los edificios y equipamientos públicos, que se unifica en uno solo, pero se licitará por lotes para dar posibilidad a las empresas de menor formato.
En este caso el gobierno contó con la complicidad de PP y Cs y con la abstención de PDeCAT para sacar adelante el expediente. La CUP y ERC-MES pidieron que lo retirara y, junto a TeC, reivindicaron que se internalice el servicio, que pase a ser de gestión pública. Es, defienden, la opción más "garantista" para un sector que precariza el trabajo femenino.
La concejal del área Gracia García explicó que la plantilla de limpiadoras "es inasumible" por la administración local. Aseguró haber hablado con las trabajadoras antes de redactar "el pliego de cláusulas del concurso que es uno de los más participativos" y , aseguró, "garantiza las condiciones laborales de las trabajadoras".
