Valeria Santiago, miembro de la Aliança contra la Pobresa Energètica y Sonia Jiménez, ambas en nombre del del Parlament Ciutadà de Terrassa, protagonizaron el jueves dos intervenciones en el turno de participación del pleno. La segunda para pedir mayores cuotas de empoderamiento ciudadano y mejores canales de participación, y la primera proponiendo al gobierno de la ciudad una modificación en profundidad del reglamento de adjudicación de las viviendas de emergencia social, en sintonía con las recomendaciones formuladas por el Síndic de Greuges de Catalunya.
Valeria Santiago dio lectura a una moción que recuerda que siguen produciéndose 2,5 desahucios cada día en Terrassa, donde hay 1.036 viviendas con personas empadronadas sin título habilitante, en un 36 por ciento de las cuales viven menores.
La moción, aprobada por el II Parlamento Ciudadano de Terrassa, pide que la pobreza infantil sea considerada emergencia social y que la presencia de menores sea condición suficiente para el acceso a la vivienda de emergencia.
Propone que se excluyan pensiones o centros de acogida temporal como alternativas de emergencia y que se eliminen requisitos como los años de empadronamiento o los ingresos mínimos, para evitar que familias con menores en situación de riesgo queden excluidas de la residencia de emergencia, siempre que haya informe favorable de servicios sociales.
El II Parlament Ciutadà de Terrassa cree imprescindible que la administración radiografíe el problema y haga públicos datos como el número de pisos vacíos y de los disponibles para emergencias, las multas a los bancos, la cifra de desahucios y de las ocupaciones, entre otros.
Eva Candela, concejal de Servicios Sociales, agradeció las exposiciones y propuso un encuentro.
