La Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i comarca ha criticado duramente la sentencia dictada por el Tribunal supremo la semana pasada en la que se limita las reclamaciones de las plusvalías cobradas indevidamente. La resolución del alto tribunal reinterpreta lo que en su día sentenció el Tribunal Constitucional, de forma que limita la nulidad de las liquidaciones correspondietnes a las plusvalías municipales en los casos en que se haya acreditado una pérdida de valor del bien inmueble y sólo en esos casos.
Además, el Tribunal Supremo explicta que se debe acreditar pericialmente la pérdida de valor, de forma que no admite que los valores que se fijen en los títulos de adquisicón (compra, herencia o donación) y los de transmisión (venta, herencia o donación), sean sufieinte para acreditarlo. Esta sentencia se dicta en sentido contrari a lo que se esperaba en una interpretación mayoritaria en el ámbito jurídico y corrige lo que ya habían sentenciado diversos tribunales suepriores de justicia y los criterios jurisprudenciales del propio Tribunal Supremo.
Los ayuntamientos, según la Cambra de la Propietat, han presionado enormemente, en especial a través de la Federación Española de Municipios, para evitar que se vean obligados a devolver los cobros que hasta ahora se entendía que se habían realizado indebidamente.
Proposición de ley
Está pendiente de tramitación la proposición de ley que se debarte en el Congreso de los Diputados para modificar la ley de haciendas locales en los artículos que el Tribunal Constitucional, precisamente, declaró su nulidad. Esta proposición la presentó el Partido Popular cuando todavía estaba en el poder con el objeto de llenar el vacío que las sentencias de los tribunales habían dejado hasta entonces y que situaban el impuseto municipal de la plusvalía al borde de la ilegalidad.
Aunque es sumamente com0plicado, la Cambra de la Propietat manifiesta su esperanza en que el Tribunal Constitucional pueda reinterpretar el contenido de la sentencia del Supremo. Considera la institución terrassense que se ha dado un cambio de posición "tan inesperado como extraordinario, que hace necesasria una reflexión sobre los entre 8.000 y 10.000 millones de euros que supondría el retorno total de las plusvalías cobradas por los ayuntamientos en los últimos cuatro años, en caso de que se reconociese la nulidad de la legislación vigente".
