El Tribunal Supremo confirmó ayer la prisión preventiva para el exconseller terrasense Josep Rull, los también exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. En un auto divulgado ayer, el alto tribunal confirma que existe riesgo de reiteración delictiva y de fuga, por lo que es correcta la imposición de la prisión preventiva contra ellos adoptada por el juez del caso abierto por el procés en el Supremo, Pablo Llarena.
El auto señala que no hay precedentes en la reciente historia europea de un Gobierno de un estado federado alzándose contra la constitución estatal.
Respecto a la fuga, el alto tribunal valora para mantener en la cárcel a los recurrentes que algunos de sus compañeros en el procès han escapado con éxito de la Justicia española, que está teniendo dificultades para que otros países de la UE los entreguen a España. Es decir, sugiere que si salieran en libertad se verían tentados de imitar a los fugados.
Los tres magistrados que forman la Sala de Recursos, que revisan las resoluciones que dicta Llarena, apuntan, sobre el peligro de fuga, que los recurrentes disponen de una estructura organizativa que les apoya dotada de consistencia económica y contactos internacionales. Esos "elementos han permitido a quienes ya se han fugado mantener una apariencia de vida normalizada fuera de España y de la residencia que hasta entonces era su domicilio habitual".
Asume el alto tribunal "la confianza que merecen los sistemas de cooperación judicial internacional instaurados en el ámbito de la Unión Europea", pero recuerda que éstos "no tienen por finalidad enjuiciar la actuación de las autoridades judiciales de otro socio", sino "aumentar la agilidad de la colaboración basándose en un reconocimiento de las resoluciones judiciales que tiene su razón de ser en el respeto mutuo y en la confianza recíproca".
"Sin embargo, a pesar de ello, ha de reconocerse que, en el caso, son evidentes las dificultades existentes para hacerlos efectivos mediante la entrega a España de quienes se han instalado en diversos países de la Unión", añade.
Procesados
Por otro lado, la Fiscalía ha solicitado al juez Llarena que dicte nuevas órdenes de detención europea dirigidas a Bélgica contra los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y el terrassense Lluís Puig, cuya entrega a España fue rechazada por la Justicia belga el miércoles por defectos de forma. El Ministerio Público está de acuerdo con Llarena en que el error en cuanto a la entrega de los exconsellers procesados ha sido cometido por Belgica, y no por el alto tribunal español.
"No obstante, vistas las discrepancias de carácter formal suscitadas por las Autoridades judiciales competentes de Bélgica", solicita a Llarena que "emita orden europea de detención y entrega" de los procesados "que deberá enviarse directamente a las Autoridades judiciales de Bélgica".
