El drama de los desahucios, en boga en viviendas alquiladas, no es una catástrofe natural "como nos quieren vender". Hay leyes y podría haber otras, unas que potencian desalojos, otras que podrían evitarlos e incrementar la cifra de pisos públicos en alquiler. Lo aseguró Xavier Martínez, concejal de Terrassa en Comú (TeC), al empezar el debate que la coalición realizó el lunes con este título: "Paremos la nueva burbuja de los alquileres. Pongamos el derecho a la vivienda en el centro". La diputada Lucía Martín ofreció datos: el 60 por ciento de los desahucios en España son en viviendas arrendadas. Aquí apenas hay parque público de pisos.
"Hemos pasado de la burbuja de las hipotecas a la de los alquileres", apuntó Martínez. Los desahucios de viviendas arrendadas "han aumentado de manera exponencial". Y no es un desastre inevitable, sino el producto de rémoras legislativas y "de intereses". La situación exige "que no nos quedemos con los brazos cruzados". Que, entras otras reacciones, se abra el debate sobre la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Hay fondos de inversión que adquieren bloques enteros para aplicar rentas altas y provocar la huida de los moradores, advirtió Lucía Martín, parlamentaria de Unidos Podemos (En Comú Podem)-En Marea en el Congreso de los Diputados. Y advirtió de que el problema, global, pues afecta a muchos países, "es también la consecuencia de las políticas de los últimos cuarenta años". Martín apuntó que la primera respuesta del Gobierno cuando plantearon el problema fue que el problema no existía. Luego, que tenía que ver con el turismo, "aunque en realidad esté relacionado con la especulación inmobiliaria". Luego, que el problema "eran Carmena y Colau".
Las razones del problema son otras, en palabras de la diputada. Son, por ejemplo, que sólo el 5 por ciento del presupuesto del Ministerio de Fomento está destinado a Vivienda. O que en España el parque público de pisos es inferior al 2 por ciento, "mientras que en otros países es del 20 por ciento". O que con la crisis los bancos se quedaron con stock de viviendas "y se preparó el terreno" para girar la especulación hacia el mercado de alquiler, terreno que preparó ya el Gobierno de Rodríguez Zapatero con la ley del desahucio exprés y la regulación de las sociedades de inversión para estos menesteres. La primera propuesta "exprés", sin embargo, "fue de CiU".
Luego el ejecutivo de Mariano Rajoy tumbó la iniciativa de la PAH y adoptó "medidas parche". Y reformó la LAU para que los contratos pasasen de cinco a tres años "argumentando que eso dinamizaría el mercado", pero en verdad está consiguiendo "arrasar los derechos de la mayoría". Y modificó la referida ley de sociedades de inversión. El resultado de todo "es la desprotección de los inquilinos".
Los comunes pretenden "revertir la situación". Un frente de combate parlamentario es cambiar la LAU estudiando modelos de otros países europeos, para establecer los contratos de cinco años como mínimo y, en los casos de propietarios que sean personas jurídicas, "firmar contratos de cinco años obligatorios más cinco de prórroga". Otro punto de lucha legal pasa por limitar los aumentos de los alquileres, confiriendo a los ayuntamientos poderes "para evitar incrementos no razonables".
Vanesa Valiño, jefa de gabinete de la concejalía de Vivienda de Barcelona, subrayó que el 10 por ciento de los desahucios corresponden a ejecuciones hipotecarias. El resto, a pisos de alquiler. Y el 40 por ciento de estos procedimientos son activados por grandes propietarios.
Financiación
El número de viviendas públicas apenas ha variado en el país desde el 2001, destacó Valiño antes de poner el dedo en la llaga para no vender gato por liebre: "Construir es carísimo. Ningún ayuntamiento puede hacerlo sin facilidades de financiación", sin la colaboración entre administraciones. En Barcelona el Consistorio tiene en marcha la edificación de 4.500 viviendas financiadas por el Banco Europeo de Inversiones. Esa una fórmula a explorar, "como las ayudas a la rehabilitación", como los expedientes sancionadores a grandes propietarios, como la compra de pisos ya construidos.
Joan Miquel Gual presentó un proyecto. Es uno de los impulsores de La Borda, cooperativa que construye veintiocho viviendas en un terreno municipal de Barcelona con una fórmula poco habitual: los participantes (cada uno aporta 18.500 euros al capital social) no serán nunca propietarios, sino usuarios de una propiedfad colectiva. Es otra manera de hacer las cosas. Es "una forma de vida comunitaria".
