Rubí dispondrá, en un plazo no superior a seis meses, de un plan local de vivienda. Así lo aprobaron todos los grupos municipales en un pleno celebrado el jueves. La moción fue impulsada desde la oposición por ICV y el ejecutivo -formado por el PSC y un concejal no adscrito procedente del PDeCAT-, que gobierna en minoría, apuntó que ya está trabajando para la confección de ese plan.
Según la ley del derecho a la vivienda, los planes locales en esta materia determinan las propuestas y los compromisos municipales en política de vivienda y son la propuesta marco para concertar estas políticas con la Generalitat. Estos planes tienen una vigencia de seis años, sin perjuicio de que se pueda ampliar el análisis y plantear actuaciones con un plazo más largo. Transcurridos los seis años, hay que revisar el documento.
En cualquier caso, con la aprobación por unanimidad de la moción de Iniciativa, Rubí se dotará, en un plazo no superior a medio año, de su primer plan local de vivienda.
El pleno también dio luz verde por unanimidad a una moción del PDeCAT para impulsar la creación de un protocolo de actuación que reduzca el efecto negativo de las obras sobre el comercio local y la ciudadanía. En este sentido, la moción plantea que el Consistorio elabore un protocolo de actuación para reducir los inconvenientes y molestias que causan las obras, tanto públicas como privadas, en el sector comercial y a la ciudadanía, anticipándose así, mediante diversas actuaciones, a las situaciones futuras que puedan generar nuevas obras.
En el ámbito medioambiental, el pleno también aprobó una moción de AUP que propone, a partir de los presupuestos de 2019 y con carácter permanente en las futuras cuentas municipales, dedicar el 0,5% de la recaudación del IBI a preservar el entorno natural de Rubí. La propuesta salió adelante con el apoyo de todos los grupos políticos, excepto el del equipo de gobierno y su concejal no adscrito, Cs y PP, que se abstuvieron.
Uno de los momentos más tensos del pleno se produjo a raíz de la presentación de una moción por parte de ERC, AUP, ICV, PDeCAT y VR para instar a la alcaldesa, la socialista Ana María Martínez, a cum-
plir el compromiso electoral que adquirió en 2015 de no cobrar dietas de otras administraciones supramunicipales. Martínez es diputada de la Diputació desde principios de diciembre de 2017 en sustitución del exalcalde terrassense Jordi Ballart.
La propuesta, finalmente, salió adelante con los votos a favor de estas formaciones, en contra del equipo de gobierno y el PP y las abstenciones de los concejales no adscritos María Dolores Marín y José Manuel Mateo (exCs) y el propio partido naranja.
La aprobación de esta moción, sin embargo, no implica nada a efectos prácticos, ya que cobrar dietas o no es una decisión personal de la alcaldesa socialista, quien prefirió no intervenir durante el debate del texto en el pleno.
La oposición forzó una moción que insta a la alcaldesa a renunciar a las dietas de la Diputació, tras decir en campaña electoral que no las cobraría
