La sentencia del caso Palau -que vincula la construcción de un pabellón en Sant Cugat a cargo de Ferrovial en 2003 con la financiación ilegal de la antigua Convergència- está trayendo cola en la esfera política del municipio y poniendo en apuros al ejecutivo local liderado por la alcaldesa Mercè Conesa (PDeCAT), que gobierna en minoría. Prueba de ello fue el pleno celebrado el lunes, en el que la oposición forzó la aprobación de una nueva auditoria sobre la obra pública realizada en la localidad y en el que algunas voces volvieron a pedir la dimisión de Conesa, quien dejó muy claro que no piensa abandonar el cargo,
Así, el Ayuntamiento encargará una nueva auditoria que analice seis casos más de obras públicas realizadas en Sant Cugat presuntamente relacionadas con la financiación ilegal de CDC. La medida se acordó en el pleno después de que la oposición en bloque diese luz verde a una moción presentada por la CUP, ERC e ICV. Según el texto, las obras coincidirían con donaciones por parte de las adjudicatarias a las fundaciones relacionadas con la antigua Convergència de aproximadamente el 3% del coste de los trabajos. El equipo de gobierno se quedó solo con su voto en contra de la moción y la alcaldesa reiteró que el Ayuntamiento es una "víctima" de este proceso.
En concreto, la moción reclama encargar una auditoría sobre obras que aparecieron en un artículo en El País titulado "Sant Cugat, la capital del 3%" y que habrían comportado comisiones para CDC. Se trata de obras realizadas entre los años 2003 y 2012 y que en total suman más de 15 millones de euros. Son trabajos de urbanización en la Serreta; el complejo deportivo de Mira-sol; la promoción de vivienda pública de la plaza de los Rabassaires y de la avenida de Francesc Macià; obras del mercado de Mira-sol y otro caso relacionado con la empresa Sharp, informó Totsantcugat.
"Ir a los juzgados"
Según el artículo de El País, Convergència recibió donaciones de alrededor del 3% del coste de todas estas obras. Unas supuestas comisiones que habrían sumado más de 480 mi euros en las cuentas de fundaciones de CDC.
De esta forma, el ejecutivo y la oposición volvieron a enfrentarse en un pleno por la sentencia del caso Palau tras salpicar el fallo a la ciudad. En este contexto, la alcaldesa volvió a defenderse de todas las acusaciones y se reafirmó en que no piensa dimitir tras la petición formulada por C’s, que le solicitó abandonar la vara de mando para "devolver la dignidad a Sant Cugat". Conesa respondió a la demanda del partido naranja diciendo que "hay algunos que tienen ganas de retirarme y, cuanto más me lo piden, más ganas tengo de continuar en la actividad política".
Conesa también animó a los partidos de la oposición a "ir a los juzgados" si tienen pruebas de que en el Ayuntamiento se ha cometido alguna ilegalidad y los acusó de forzar la situación de cara a las municipales de 2019."Si son capaces de decir que realmente ha habido un solo euro del Ayuntamiento de Sant Cugat que ha ido a Convergència vayan al juzgado porque no es verdad", les espetó.
LA CIFRA
6. Son las obras públicas que investigará la auditoria aprobada en el pleno con los votos de la oposición.
