Sólo 130 viviendas de las 496 cedidas por las entidades financieras han acabado siendo entregadas a familias vallesanas en situación de emergencia social. Algo menos de la mitad de los pisos sujetos a convenio no han sido cedidos aún y del resto, muchos no pueden ser destinados a familias en riesgo de exclusión social porque no están en condiciones de ser habitados o bien ya han sido ocupados.
El Consell d’Alcaldes del Vallès Occidental alertó ayer de la falta de vivienda pública para hacer frente a la emergencia social y denunció que apenas un 25 por ciento de los pisos cedidos por los grandes tenedores se acaban pudiendo entregar a nuevas familias en situación de precariedad.
En la sesión de ayer, los alcaldes aprobaron un requerimiento a las entidades financieras que acumulan el mayor parque de viviendas vacías en la comarca para que suscriban nuevos acuerdos que permitan ajustar la cesión de pisos aptos para ser habitados a la demanda social existente. Los primeros ediles le piden también a la Agència d’Habitatge de Catalunya que abra una vía de información a nivel comarcal que permita acceder a los datos de la vivienda social y abra la puerta a los municipios a participar en las reuniones de seguimiento del tema de la vivienda.
Además, los alcaldes han mostrado su desacuerdo con el Real Decreto 897/2017, que contempla cortes en los suministros, una medida que entra en colisión con la lucha contra la pobreza energética y que puede dejar sin apoyo al 40% de la población atendida.
La tarifa del agua
El Consell d’Alcaldes de ayer tomó posición también en temas de energía, agua y educación. El plenario aprobó solicitar a la Agència Catalana de l’Aigua que revise y congele los precios aprobados a finales del año pasado por imposición del Gobierno central, con un incremento del 11,8 por ciento en la tarifa del agua para el ejercicio 2018. El aumento tiene un impacto directo en el recibo, especialmente el de los consumidores vallesanos, que son los que más notarán la subida, entre un 4 y un 6%. El incremento se aprobó con el rechazo frontal de la Federació de Municipis de Catalunya y de numerosas entidades y asociaciones de consumidores.
El incumplimiento por parte de la Generalitat en la financiación de las guarderías municipales ocupó parte del debate de los alcaldes vallesanos, que acordaron pedir al Govern que cumpla con el módulo económico de 1.600 euros por plaza y año.
Sobre la mesa está también la creación de un órgano que vele por el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que insta a la Generalitat a liquidar las cuotas correspondientes a tres cursos pendientes.
