Finalmente, Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat de Catalunya, no saldrá en libertad. La sala de apelación del Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad que no se dan las circunstancias que permitan estimar su solicitud por lo que el problema catalán entra en una nueva dimensión. Una vez más cabe el dicho de que la justicia tiene razones que la razón no entiende y más allá de la valoración jurídica de la decisión del tribunal de apelación deben analizarse sus consecuencias políticas, que las tiene e importantes. En primer lugar, el auto, tan respetable como discutible, como cualquier otra decisión judicial. Sorprende que se apliquen criterios divergentes con respecto a los utilizados con los otros miembros del Govern que hace exactamente un mes obtuvieron su libertad condicional, pudieron participar en la campaña electoral y podrán tomar posesión de sus cargos como diputados del Parlament. La misma posibilidad de reiteración delictiva tienen los ahora diputados electos que Oriol Junqueras y Joaquim Forn. Recordemos en ese sentido la entrevista que concedió el terrassense Josep Rull a Diari de Terrassa en la que advertía que tenía limitada su libertad personal puesto que en según qué circunstancias podía volver a ser detenido e ingresado en prisión. Junqueras estaría exactamente en las mismas circunstancias.
En cualquier caso, una es la valoración jurídica que pueda hacerse del auto que se conoció ayer y otra es la valoración política. Es más que probable que para el propio Partido Popular hubiese sido más cómodo tener a Oriol Junqueras en libertad, incluso durante la campaña electoral. Es incluso posible que el hecho de que tanto él como Forn y los Jordis se mantengan en prisión haya condicionado notablemente la intención de voto en Catalunya y que la posibilidad de llegar a un entendimiento dentro de un marco cómodo para ambos bandos pasase por tener a Junqueras como interlocutor. Ese extremo podría poner todavía más en evidencia la actitud del expresident Carles Puigdemont, todavía en Bruselas y con pocas probabilidades de que cumpla su promesa electoral de volver si el independentismo obtenía la mayoría suficiente.
Pero eso es sólo lo que podría haber sido y no fue. Ahora, de lo que se trata es de gestionar una situación francamente compleja que tiene mal apaño. El candidato a la presidencia está en Bruselas; el plan “B” está en prisión; no se vislumbra plan “C”, la mayoría independentista depende de las renuncias de candidatos que están en el extranjero y el día 17 debe llevarse a cabo la constitución del Parlament. No parece que haya un escenario mejor que antes de la convocatoria de elecciones autonómicas.
