Partiendo también desde una postura favorable a la celebración de una consulta sobre el futuro de Catalunya, la situación generada con la culminación del procés y la votación esta semana en el Parlament de las leyes del Referéndum y de Transitorietat puede generar en la ciudadanía de a pie una natural sensación de preocupación debido a los numerosos interrogantes que se abren ante la convocatoria de la consulta y las consecuencias de la misma en un escenario de enfrentamiento abierto con el Estado. Separando legítimas aspiraciones de los efectos prácticos de la toma de decisiones, se trata del peligro de que tanto antes como después del 1 de octubre el ciudadano pueda sentirse atrapado entre dos legalidades, con el desconcierto y sobre todo la indefensión real que eso puede generar.
El primer gran problema lo tienen los ayuntamientos. Siempre ocurre igual. La administración de proximidad es la que debe gestionar las grandes decisiones supramunicipales que afectan a la ciudadanía; desde la aplicación de las leyes de recogida de residuos a la revisión del catastro o la convocatoria del referéndum de autodeterminación. Las dos legalidades harán que unos ayuntamientos, probablemente una mayoría, apoyen la celebración de la convocatoria, pero habrá otros que no se atrevan por miedo o por convicción de sus representantes de que deben seguir amparados por “la otra legalidad”. Estamos ante la primera incógnita ¿Cómo se va a gestionar esa situación y los resultados que de ella se deriven? No entramos ya en las acciones que pueda llevar a cabo el Estado para impedir su celebración y en el hecho de que pueda conseguirlo en unos municipios sí y en otros no. Lo mismo ocurre con el día después de la celebración del referéndum. La primera cuestión estará en determinar dónde se sitúa el listón de la legitimidad de los resultados desde un punto de vista de la participación.
En ese sentido, la CUP ya aboga por la cláusula de conciencia respecto de la formación de las mesas electorales ¿Se aplicará el mismo criterio si se refugian en su conciencia, en uno u otro sentido, funcionarios y miembros de cuerpos policiales? ¿Cómo y quién debe aplicar cualquiera de las dos legalidades?
Son solo ejemplos; el asunto es extremadamente profundo y complejo como para entrar en detalles, sobrte todo en torno a una eventual declaración de independencia. Únicamente se trata de poner de manifiesto la inquietud que pueda sentir quien vaya a participar votando sí, votando no o quien no se sienta concernido por el fondo, por la forma o por ambas cuestiones. Es cierto que desde la legalidad de quienes niegan el derecho a votar sólo caben los atajos y la retorsión del derecho, pero también lo es que en virtud del principio de legalidad, el ciudadano debe saber cuáles son las leyes que debe respetar. Suerte e inteligencia para manejar esta situación especialmente el 2 de octubre.
