Hoy es el día "D" en el proceso para la municipalización de la gestión del agua en la ciudad de Terrassa. El pleno vota esta tarde a las 5 en sesión extraordinaria la memoria elaborada por una comisión de estudio en la que se evalúan los distintos modelos y se concluye que la gestión pública y directa es la más eficiente y sostenible.
El Consistorio aprobará también de forma inicial la constitución y los estatutos de la nueva entidad pública empresarial que gestionará el suministro en la ciudad -Aigua de Terrassa, EPEL-, así como el reglamento del servicio municipal de suministro domiciliario.
La decisión supone un cambio de modelo histórico Terrassa, donde durante 75 años la gestión del agua ha corrido a cargo de Mina, Aigües de Terrassa en régimen de concesión. En diciembre de 2016 finalizó el contrato y la empresa continúa al frente del servicio en prórroga forzosa. Todo apunta a que continuará haciéndolo hasta entrado 2018, cuando la nueva empresa municipal inicie su andadura.
En el pleno de hoy no se esperan sorpresas. El cambio de modelo y la apuesta por la gestión directa la apoya una mayoría de la cámara: los 20 concejales del PSC (9), TeC (6), ERC-MES (4) y la CUP (1)- frente a la oposición del PP (1) y la presumible abstención de Ciutadans (3) y del socio de gobierno PDeCAT (3)). Esa fue la postura el lunes en comisión, en la votación para elevar a pleno el dictamen de la municipalización del agua, la misma que los grupos mantendran hoy si no hay cambios de última hora.
Los avales
La decisión política sobre el cambio de modelo está tomada hace más de un año. La propuesta cuenta con el aval de la consultora PWACS SL, que tras analizar los distintos modelos concluye que la gestión directa es la más sostenible y eficaz. El proyecto cuenta con el informe preceptivo de la Intervención General, que certifica que el Ayuntamiento de Terrassa es solvente para constituir una nueva sociedad municipal.
Con el pleno del agua culminan 4 años de debate sobre el futuro modelo de gestión una vez finalizada la concesión a Mina. Un proceso complejo que ha tensionado las relaciones entre la administración y la concesionaria y que en buena medida se dirimirá en los tribunales.
Aigües de Terrassa ha llevado al contencioso al Ayuntamiento en tres ocasiones y se da por seguro que el tema más espinoso del final de la concesión, la liquidación de bienes, volverá a ser impugnado. Mina cifra la liquidación en 60 millones y el Ayuntamiento en una horquilla que va de 0 a 2 millones de euros. La administración espera tener cerrada su propuesta económica en pocos meses.
