La adquisición por parte del Ayuntamiento de la finca de Can Viver de Torrebonica que posee actualmente la Fundació Sant Llàtzer ha desatado un intenso debate político acerca de la relación que mantienen ambas instituciones y la utilidad misma de la fundación dada su actividad actual.
El equipo de gobierno llevó al último pleno la expropiación de mutuo acuerdo de una parte de la finca de Torrebonica (21 hectáreas de un total de 27 que mide el terreno) por su interés general ya que por su ubicación y características la convierten en una "pieza estratégica" para el desarrollo de la Anella Verda. El bipartito valora la idoneidad de adquirirla por 4,8 millones dado su "gran valor ambiental".
De hecho, el Ayuntamiento ya pactó en 2012 con la fundación que contribuiría con 4,5 millones a costear la adquisición de los terrenos, que la entidad privada le compró a La Caixa en 2010 por siete millones. La diferencia entre el convenio de 2012 y el que se reformula ahora está en los usos a los que iría destinada Can Viver. Entonces, la idea era levantar ahí un campus universitario, de investigación e innovación vinculado con la salud entre tres socios: la fundación, el Consistorio y el Consorci Sanitaria de Terrassa. La crisis dio al traste con estas expectativas y ahora se ha reformulado el convenio con la intención de mantener la utilidad pública del terreno y del dinero aportado. El Ayuntamiento ha pagado 1,3 millones desde 2012, que se descontarán al precio de adquisición. El nuevo convenio tasa el valor del solar en 4,8 millones, de los que restan por pagar 3,5 millones. El Ayuntamiento abonará esta cantidad en cinco anualidades, a razón de unos 600 mil euros por año.
Polémico calendario de pago
El calendario de pago establecido es una de las discrepancias que mantiene el equipo de gobierno con todos los partidos de la oposición, excepto con ERC, que apoya el nuevo convenio por completo. C’s pretendió sin éxito incorporar una enmienda para que el pago se efectuase en once anualidades, a razón de 270 mil euros por ejercicio. "No hay prisa", entiende Javier González y sí "otras necesidades" en la ciudad. El líder del partido naranja cuestionó la compra de la finca por parte de la fundación, por siete millones de euros, en plena burbuja inmobiliaria y que al Ayuntamiento le pareciese "fantástica" la operación para llevar a cabo un clúster empresarial y universitario del que no se ha hecho nada.
Su enmienda fue desestimada. El teniente de alcalde Alfredo Vega, sostuvo que ampliar el periodo de pago "condenaría a la Fundació Sant Llàtzer a su desaparición" porque le acarrearía un "desequilibrio económico inasumible". Vega destacó que la entidad ha demostrado una "lealtad muy grande" al Ayuntamiento estos últimos años, cuando la Administración local no ha pagado las cuotas comprometidas.
El popular Álex Rodríguez se mostró contrario a invertir "casi cinco millones en unos terrenos en los que no se ha hecho nada ni se hará nada en los próximos años". Estos recursos podrían destinarse "a otras prioridades, como limpieza o mantenimiento urbano".
Los intereses de ambas partes
Desde Terrassa en Comú no cuestionaron tanto la compra de los terrenos, como la manera en que se ha llevado a cabo la operación y la propia relación que mantienen la fundación y el Ayuntamiento. "Tenemos claro el interés general del convenio, pero deberían haber defendido mejor los intereses del Ayuntamiento en lugar de los de una entidad privada", sostuvo Xavier Matilla. "No lo tenemos claro", advirtió al subrayar el rol del alcalde, Jordi Ballart, que también es presidente del patronato de la fundación. Vega, visiblemente molesto, recordó que desde 1830 los presidentes de la entidad son los alcaldes de Terrassa y afeó a Matilla que dudará de una fundación presente en la ciudad desde hace más de 500 años.
Pero Matilla no fue el único en expresar sus recelos. También lo hizo Maria Sirvent, representante de la CUP, que subrayó algunas contradicciones. "La finalidad de la fundación es acoger, sostener, cuidar y dar tratamiento facultativo a personas que tengan necesidades asistenciales, preventivas, rehabilitadoras, docentes y de investigación", explicó. En cambio, dijo, "la única acción que desarrolla ahora es la de gestionar su patrimonio.
El único en apoyar al bipartito y defender con ahínco a la Fundació Sant Llàtzer fue Isaac Albert, de ERC, que, precisamente, era concejal de Salud en 2010, cuando se fraguó el ambicioso proyecto de construcción en Torrebonica de un núcleo de servicios asistenciales y de investigación. "Este convenio es una buena noticia. Salvamos dos cosas: la fundación, que es historia de la ciudad, y la finca, que es estratégica para Terrassa", sostuvo. El republicano pidió "ir con cuidado" a la hora de "poner en crisis valores de la ciudad como la fundación". Su grupo no comparte el hecho de "insinuar que la Fundació Sant Llàtzer es una cosa absurda" porque, entre otros motivos, "menospreciar la historia de la ciudad y los instrumentos con los que se ha ido creando es un riesgo".
Finalmente, el apoyo de los tres concejales republicanos fue crucial para sacar adelante los cambios en el convenio. C’s y PP votaron en contra, mientras que TeC y la CUP se abstuvieron.
