El pleno del próximo 20 de julio votará el nuevo modelo de gestión del agua y el expediente incorporará la propuesta de que el precio del servicio se regule mediante una tasa y no una tarifa, como hasta ahora. El Secretario municipal y los servicios jurídicos del Ayuntamiento han puesto fin al debate en el seno de la comisión político técnica del agua, donde se han mantenido posiciones distintas sobre la fórmula de liquidación.
El Secretario ha informado a la comisión de que en este momento el único sistema de retribución legal es la tasa y el gobierno ya ha decidido elevar la propuesta al pleno de julio para su aprobación inicial.
"Nosotros preferíamos la fórmula de la tarifa porque da mayor libertad a la hora de fijar los precios y de abordar inversiones de futuro", explica Alfredo Vega, concejal del Agua. A diferencia de las tarifas y los precios públicos, el importe de la tasa está referenciado al coste del servicio, no contempla destinar recursos a beneficios ni cortes indiscriminados. Los impagos están sujetos al régimen administrativo habitual, que arranca con la notificación, permite el recurso y si no se salda la deuda culmina en embargo. Al tratare de un tributo, la tasa se tramitará como una ordenanza y se adecuará al régimen jurídico de la Ley General Tributaria.
"Aprobaremos la tasa y si el contexto cambia valoraremos si hay que introducir variaciones", puntualiza Vega. "En este momento hay una cierta controversia jurídica sobre la aplicación de tarifas o tasas, con sentencias distintas del Tribunal Constitucional y de algunos tribunales superiores de justicia". Su equipo sigue también de cerca la aprobación de la nueva Ley de Contratos, cuyo redactado final podría modificar el actual marco legal.
Un mes clave
El proceso del agua afronta un mes de julio clave para la municipalización del servicio en la ciudad. Durante las próximas semanas el expediente administrativo pasará el trámite de la comisión político-técnica y ciudadana que, tras la incorporación de enmiendas, remitirá el dossier a una comisión informativa extraordinaria. Esta elevará una propuesta al pleno para su aprobación inicial.
En Terrassa la decisión política está tomada desde hace más de un año. 20 de los 27 concejales que integran el Consistorio apoyan la gestión pública del agua, de manera que el cambio de modelo está asegurado.
Durante las próximas semanas se despejarán algunas incógnitas, entre ellas el modelo de organismo que gestionará el servicio, si una Empresa Pública Especial (EPE) o una Sociedad Anónima Municipal (SAM). También cual será el modelo de participación ciudadana en ese organismo autónomo.
