Hoy, 13 de junio de 2017, se cumplen dos años desde que Jordi Ballart (Terrassa, 1980) fuese investido alcalde de Terrassa gracias a la abstención de CiU (ahora PDeCAT); formación con la que un mes después selló un pacto de gobierno que, aunque en minoría, le ha permitido gobernar la ciudad desde entonces.
¿Qué balance hace de estos dos años al frente del Ayuntamiento?
Positivo. El 90% de las acciones del plan de mandato están ejecutadas o en ejecución. Han sido dos años de mucha planificación estratégica, aunque de poco lucimiento público. A pesar de las dificultades de gobernar en minoría, hemos tenido la capacidad para tirar adelante la ciudad y llegar a acuerdos con ERC, TeC y también con C’s. En estos casos, ha tenido un papel muy importante el talante del portavoz del gobierno, Alfredo Vega.
¿Cree sinceramente que podrá completarse la municipalización del agua?
Sí. Es cierto que está habiendo dificultades, que los lobbies y poderes económicos vinculados al agua se han organizado y están dispuestos a todo para cumplir con sus objetivos. De la mano del PP han llegado a incluir una disposición adicional en los presupuestos para impedir los procesos de municipalización. Al final el asunto se resolverá en los juzgados, pero nuestra determinación es firme. En el pleno de julio aprobaremos el nuevo modelo para después crear la empresa pública que gestione el agua. Nuestra idea es que el 1 de enero de 2018 podamos asumir el servicio.
¿Se ha explorado realmente la posibilidad de asumir la gestión directa del autobús urbano?
Se ha estudiado, pero no se ha estudiado a fondo. En este caso la decisión es puramente política. Estamos centrando todos los esfuerzos en el proceso del agua para hacerlo bien, a pesar de los impedimentos. Hay que diferenciar lo que es un bien público esencial como es el agua, de un servicio público como el autobús. Se ha valorado que el modelo de concesión externa ha funcionado. La gente está satisfecha con el actual servicio de autobús. Es verdad que la flota es vieja, pero estamos haciendo un esfuerzo por renovarla. Esperamos que por Festa Major entren en funcionamiento los nuevos vehículos. No hay nada que nos haga pensar que un cambio de modelo sería más positivo para la ciudad.
Para llegar a esta conclusión, ¿no se ha tardado demasiado? Apenas quedan dos años para agotar toda posibilidad de prórroga.
Probablemente, pero teníamos diversas cuestiones abiertas y los recursos son limitados. Además, estamos en un gobierno de coalición en el que los temas se debaten mucho internamente.
¿Qué hay que hacer para revertir la situación de la limpieza en la ciudad? Se sigue percibiendo como uno de los principales problemas.
Es un problema de Terrassa y, en general, de todas las grandes ciudades. En su momento se decidió poner más esfuerzos presupuestarios en el ámbito social, pero también es cierto que en los últimos dos años hemos puesto toda la carne en el asador en este tema. Se han contratado a 32 personas y la voluntad es seguir incrementando la plantilla. Se destinaron 2,7 millones en 2016 y 2,5 millones este año. Son mejoras en el servicio que debemos abordar, pero también hacemos un llamamiento a la corresponsabilidad, a que la ciudadanía se implique y utilice de forma cívica el espacio público. Hemos empezado a poner más sanciones. Los actos incívicos se concentran en unas baterías de contenedores concretas. Este año llevamos ya prácticamente el mismo número de sanciones que todo el año pasado.
Terrassa es el municipio catalán con más segregación escolar. ¿Qué medidas pretenden tomar para acabar con este deshonroso honor?
Hemos encargado un estudio a la Diputació de Barcelona para analizar si las cuatro zonas escolares de este momento son válidas o es un elemento que acaba perjudicando. Pero la segregación también se combate con más recursos, bajando la ratio de alumnos en las aulas, desarrollando planes de entorno que van más allá del horario escolar, con cosas tan fáciles como abrir los centros escolares después del horario lectivo para que los chicos no estén en la calle y con la planificación de nuevos centros que la ciudad necesita.
A mitad de mandato parece que ya es tarde para reformar el POUM, pero, tal y como dijo, ¿tiene intención de iniciar una reflexión en torno al modelo de ciudad?
El 50% de las actuaciones del POUM están por desarrollar, por lo que aún tiene mucho recorrido. Lo que hay que debatir es si debemos ir a una revisión profunda, precisamente en un momento en el que hay un repunte de la actividad económica. Una remodelación ahora que vemos que algunos sectores podrían reactivarse podría suponer un freno ya que iniciar la revisión nos obliga a suspender las licencias en suelo urbano. Al lado de eso, hay un condicionante añadido y es que a mitad de mayo se publicó el anteproyecto de la Llei de Territori, que deroga toda la legislación urbanística que había hasta el momento. Lo que sí haremos de forma urgente son diez modificaciones concretas del POUM; algunas, como la aportación de Can Guitard a la cobertura de la riera del Palau, son importantes porque limitan la actividad económica. La intención es que el POUM no sea una herramienta de confrontación política. A lo largo de los próximos días, realizaré una reunión con cada uno de los portavoces para explicarles la intención del gobierno de poner en marcha estas diez modificaciones, que afectan a la Anella Verda, los centros de culto o la supresión de las líneas eléctricas, por ejemplo. La idea es crear una comisión con todos los grupos para debatir estos temas y, en paralelo, que haya otro grupo de trabajo para estudiar la conveniencia de una revisión más profunda del POUM. Entre todos valoraremos si hay que buscar a alguien de fuera, con una visión estratégica, para que nos ayude a hacer este diagnóstico. La intención es arrancar esta reflexión consensuada del POUM en un pleno extraordinario, en julio o después de vacaciones.
Arrecian las críticas sobre sus ausencias en actos destacados y las denuncias de que tiene una agenda paralela que va en detrimento de su dedicación al Consistorio.
Si se opina sobre la agenda es porque es pública y transparente. Pero hay muchas reuniones internas cada día, en las que se toman muchas decisiones estratégicas, que se desconocen. Hay temas, como el agua, la revisión del POUM o la crisis de la Policía a inicios de mandato de los que me he encargado yo personalmente.
¿Cómo van las acciones para luchar contra los miles de pisos vacíos y gestionar las ocupaciones?
Hemos abierto 198 nuevos expedientes a bancos que mantienen viviendas vacías. Estamos muy preocupados por las ocupaciones delincuenciales. Hay demasiadas. Los ayuntamientos tenemos pocas herramientas porque estamos obligados a empadronar a todo el mundo, tenga o no título habilitante. Estamos trabajando para poner en marcha un protocolo que mejore la coordinación entre el padrón y la Policía Municipal.
¿Para detener las ocupaciones?
Las ocupaciones que están haciendo las mafias. Es gente que viene a hacer negocio, que viene de fuera de la ciudad expresamente para ocupar un piso en Terrassa. De cada 30 nuevos empadronamientos que tenemos, más de 20 son de este tipo. Es gente que viene aquí a empadronarse por las ayudas sociales, y contra eso, mano dura. No toleraremos las ocupaciones incívicas. Hay barrios donde esta situación esta provocando muchos problemas de convivencia.
¿En el actual escenario catalán peligra el pacto con el PDeCAT?
No, en ningún caso. Hay discrepancias públicas y manifiestas en el ámbito nacional, desde que firmamos el pacto de gobierno.
Pero, nos esperan meses muy intensos hasta la celebración del referéndum y sus partidos defienden posiciones muy distintas.
Pueden producirse muchos escenarios, pero las instituciones deben actuar con lealtad. Lo único que le pido al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, con el que tengo buena sintonía, es información. Que nos explique su hoja de ruta porque lo único que sabemos es lo que se dijo en el acto mediático del viernes en el que se anunció la fecha y la pregunta del referéndum. Como ya he dicho, en Terrassa, si el Govern quiere hacer el referéndum, podrá hacerlo porque la Generalitat dispone de 90 espacios para votar. Es injusta la presión a la que estamos sometidos los ayuntamientos. La voluntad del alcalde no es impedir el voto, pero tendré que obedecer al secretario municipal. El PSC defiende la vía del diálogo con el Estado. Ahora, se ha iniciado una nueva etapa en el PSOE con Pedro Sánchez, que ha hecho frente a la vieja guardia del partido, a la más centralista.
Pero Pedro Sánchez no gobierna
No, pero, de entrada, ha reconocido la plurinacionalidad de España. Hay gente nueva en el PSOE que defiende una reforma de la Constitución, que tiene ganas de resolver los problemas.
¿Querrá volver a ser el candidato del PSC a la alcaldía en 2019?
No lo sé. No lo he decidido todavía.
¿De qué dependerá su decisión?
De varias cosas, de la evolución de la política y de asuntos personales. Pero tengo claro que cuando deje de ser alcalde, dejaré la política.
