La patronal terrassense Cecot, la Federació Empresarial del Metal, el Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya y la Confederació Catalana de la Fusta presentaron ayer una queja formal ante el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, al considerar discriminatorio para la economía catalana el pacto entre el PP y el PNV sobre la reforma del peaje eléctrico.
Antoni Abad, presidente de Cecot, afirmó que "se trata de una situación que atenta directamente contra la competitividad empresarial", y añadió que esta decisión política, que perseguía contar con el voto a favor del PNV para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, supone una discriminación para un número importante de empresas del Estado, pero especialmente de Catalunya.
Y es que están afectadas 3.277 empresas catalanas de un total de 5.800 del conjunto de España presentes en las redes de 25 kV de tensión, y el sobrecoste para las compañías catalanas se traduce en unos 200 millones de euros anuales. Con el acuerdo entre el PP y el PNV, el Gobierno central se compromete a englobar las tensiones de 30 a 36 Kv en la tarifa 6.2 a partir del 2018, mientras que quedan excluidas las empresas presentes en redes de 25 Kv, como ocurre en la industria catalana. Otras comunidades también se encuentran afectadas por la reforma del peaje eléctrico, aunque en menor medida que en la comunidad catalana, que cuenta con un mayor número de empresas. "Hasta ahora había un desbarajuste general de tarifas que ya eran discriminatorias. Se estaba trabajando en una solución homogénea y lo que hace este acuerdo es enfatizar aún más la discriminación", señaló Abad.
Sin justificación técnica
El presidente de la Federación Empresarial del Metal, Carles Garriga, defendió que no existe ninguna razón técnica objetiva para que existan tarifas diferentes, y lamentó que el Gobierno reivindique la unidad de mercado cuando el pacto político con el PNV "va justo en la dirección contraria".
Abad añadió que hace dos semanas los empresarios catalanes enviaron una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y lamentaron que aún no hay respuesta. "Nos consta que la Generalitat también ha iniciado contactos con el Ministerio de Álvaro Nadal ". El Síndic afirmó que estudiará la queja presentada y que si coincide con su contenido iniciará contactos con la Generalitat, el Gobierno central, el Defensor del Pueblo e incluso la UE para que analice cómo esta medida puede afectar a los principios de la competencia, "que están por encima de las leyes españolas y que son de obligado cumplimiento".
