El Govern ha aceptado hacer compatible la percepción de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) -664 euros al mes- con las rentas del trabajo, aunque de momento solo en el caso de las familias monoparentales. El acuerdo ha desbloqueado el trámite parlamentario de la ayuda y permitirá implantar el nuevo modelo a partir del mes de septiembre.
La Generalitat calcula que unas 60.000 personas podrían beneficiarse de la RGC en Catalunya. En Terrassa, de entrada se incorporarán al programa los 4.347 beneficiarios de la PIRMI, a los que se sumarán otros colectivos receptores de la renta.
El pacto, rubricado el lunes por la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, y los representantes de la comisión promotora de la ILP (iniciativa legislativa popular), irá al Parlament en las próximas semanas para su votación. “Es una muy buena noticia y un acierto que lo haga la Generalitat, porque los municipios no podíamos asumir ese reto”, comentaba ayer el concejal se Servicios Sociales, Noel Duque. “Esta es una medida que permitirá a mucha gente abandonar el círculo de la pobreza”.
Requisitos
La renta supondrá un gasto de entre 500 y 600 millones de euros anuales y se aplicará en un periodo transitorio de 3 años, hasta llegar a los 664 euros en 2020, el 100 % del Índice de Suficiencia de Cataluña (IRSC).
A partir de septiembre, las personas que perciben la Renta Mínima de Inserción (PIRMI), 4.347 hombres y mujeres en Terrassa, pasarán a cobrar la nueva renta -564 euros en 2017, hasta los 664 en 2020-. Además, podrán solicitarla los ciudadanos que cumplan los siguientes requisitos: ser mayor de 23 años, haber residido en Cataluña durante al menos dos años, no tener más patrimonio que la primera residencia y haber agotado todas las prestaciones.
El programa prevé que el segundo miembro de la familia que cobre la renta obtendrá el 50% (836 euros en septiembre y 996 en 2020), y cada hijo, hasta un máximo de tres, garantizará un ingreso adicional de 75 euros en 2017 hasta llegar a los 100 euros en 2020. Este año, el máximo a percibir por familia será de 1.281 euros.
De los 564 euros por prestación, 150 están sujetos a participar en un plan de inserción social o de ocupación. Los beneficiarios que rechacen un puesto de trabajo quedarán excluidos del programa. Las personas que encuentren trabajo mientras sean beneficiarios de la RGC, pero con un sueldo inferior a ésta, cobrarán durante seis meses la diferencia hasta completar los 564 euros.
El acuerdo supone la incorporación a la nueva prestación de los trabajadores que perciban rentas del trabajo, un supuesto que de momento sólo contempla a las familias monoparentales, unas 7 mil en Catalunya. La compatibilidad entre la renta garantizada y los ingresos familiares era el último escollo para el pacto alcanzado el lunes y que ayer fue ratificado por las entidades promotoras.
Las personas que perciban una renta por trabajo parcial inferior a la RGC por ahora no accederán a un complemento que iguale la prestación, una demanda de las entidades. Los promotores de la ILP sostienen que en el actual contexto de precariedad laboral, muchos trabajadores carecen de recursos suficientes para vivir dignamente. De momento, el acuerdo contempla que la compatibilidad entre renta de trabajo y renta garantizada se garantice en el futuro.
A partir de ahora, una comisión integrada por el departamento de Treball, la patronal, las entidades sociales y los sindicatos, entre otros, hará seguimiento de la aplicación de la RGC y decidirá cuándo aplicarla a todos los trabajadores con rentas inferiores a la RGC.
La Renta Garantizada de Ciudadanía supone una mejora respecto a la PIRMI, que ahora se sitúa en los 426 euros mensuales para unas 29.000 personas, y que supone un gasto público de 177 millones.
La firma contó el lunes con la presencia de representantes de los sindicatos UGT y CCOO, las patronales Fomento y PIMEC, y las dos entidades municipalistas (Federación de Municipios de Cataluña y Asociación Catalana de Municipios). La pluralidad de la plataforma evidencia el amplio apoyo social a la iniciativa.
El concejal de Servicios Sociales cree que la aplicación de la RGC reducirá las solicitudes de ayuda y, conforme avance su implantación, las familias se irán alejando de ayudas a la emergencia como el Rebost, que ya ha decectado un leve descenso en la demanda de lotes de comida coincidiendo con la tímida recuperación económica.
Duque recuerda que se habla de la RGC desde 2014 y pide al Govern que “no se eche atrás porque esta es una prioridad absoluta. Un paso adelante muy importante por la justicia social y contra la desigualdad social”.
