El Juzgado de lo Penal 3 de Terrassa celebró el martes la vista del juicio por el nombramiento presuntamente irregular de José Manuel Piedrafita como director de Mercavallès, cargo que ocupó entre 2007 y 2014. Antoni Rebolleda, ex presidente del Consell Comarcal del Vallès Occidental, y Americo Ologaray, ex gerente de la institución, se sentaron en el banquillo, acusados por un delito de prevaricación por tal nombramiento.
El procedimiento arrancó en el año 2014, cuando el concesionario del restaurante de Mercavallès, Antonio Ramírez, interpuso una denuncia en Terrassa por la contratación presuntamente irregular de Piedrafita, también imputado en el caso por un supuesto delito de aceptación de nombramiento ilegal para cargo público y presunto cooperador necesario de un delito de prevaricación.
El fiscal acusa a Rebolleda y a Ologaray de contratar a Piedrafita de manera interina tanto en 2007 como en 2009 (cuando se le volvió a contratar después que la persona a la que sustituía por excedencia solicitara su reingreso al puesto de trabajo y se la adscribiera temporalmente a otro departamento), invocando una urgencia que no existía y prescindiendo de los principios de publicidad y libre concurrencia. En el expediente "no constaba la titulación requerida" y el curriculum "era un folio con anotaciones", apunta la Fiscalía en su escrito de acusación.
Piedrafita dice que entregó el CV
En la vista celebrada el martes, Piedrafita aseguró que en junio de 2007 entregó, en las oficinas del Consell Comarcal, su currículum dentro de un sobre para optar a la plaza de director de Mercavallès "por voluntad propia", aunque Olga Garcès, técnica de recursos humanos del Consell Comarcal comentó en su declaración como testigo que en el momento de redactar el contrato, por orden de Olagaray, no lo tenía sino que se lo mandaron después de que lo pidiera. Además, aseguró que comentó a Olagaray que Piedrafita no tenía la categoría necesaria para el puesto y que el entonces gerente de la institución le dijo que pusieran sus estudios. Más tarde, en 2009, cuando se volvió a nombrar a Piedrafita, se recalificó la categoría profesional para el cargo, dijo Garcès.
"Me enteré de que mi contratación era ilegal cuando salió la denuncia", sostuvo Piedrafita, que afirmó que nadie le comentó que su plaza tenía que sacarse a concurso público y que desconocía que no dispusiera de la categoría administrativa requerida. El acusado aseguró que más tarde, en abril de 2009, le dijeron que la persona a la que sustituía "no se reincorporaba y que me volvían a contratar, que estaban muy contentos con mi gestión y que la continuara haciendo".
Por su parte, Juli Boadella, secretario del Consell Comarcal entre 1991 y 2015, explicó que envió un correo a Garcès alertando de que la plaza "no podía cubrirse con un cargo de confianza" pero que al volver de vacaciones ya se había redactado un decreto, Piedrafita ya estaba trabajando como director de Mercavallès y lo firmó pensando más adelante ya se haría el concurso. Boadella añadió también que hasta que no se inició la investigación de los Mossos d’Esquadra no tuvo acceso al expediente y que no redactó ningún informe jurídico porque nadie se lo pidió.
En el informe, el fiscal explicó que durante su declaración Rebolleda había dicho que él sólo tenía responsabilidades institucionales y que el nombramiento de Piedrafita había venido dado por las federaciones del PSC, mientras que Ologaray había manifestado que una empleada de recursos humanos le informó de que la plaza tenía que ser de funcionario de carrera y no eventual, que "conocía la irregularidad del nombramiento, se lo comenté al presidente y el presidente dijo que se tenía que nombrar a Piedrafita y así se haría".
Sin la capacitación necesaria
El representante del Ministerio Público también señaló que Rebolleda había declarado que él únicamente se limitaba a firmar, mientras que Olagaray había afirmado que lo amenazaron para que se nombrase a Piedrafita y que él dejó su cargo en este ente en 2009 mientras que Piedrafita siguió en Mercavallès hasta 2014. Según el fiscal, ambos reconocieron que Piedrafita no tenía la capacitación necesaria para el puesto de trabajo y que el nombramiento les vino impuesto.
Tras escuchar la declaración de los acusados y los diferentes testigos, el fiscal consideró que "está clara la participación de Ologaray en los hechos y la responsabilidad tanto de él como de Rebolleda". Por el contrario, las defensas de los tres acusados pidieron su absolución.
La de Rebolleda asegura que él "ni pinchaba ni cortaba" y cree que "no se puede llegar a la conclusión de que actuara a sabiendas". Mientras, la de Olagaray entiende que los hechos han prescrito y que se imputa a su cliente por coautoría "y no hay nada que pruebe la coautoría en este nombramiento".
La defensa de Piedrafita, por su parte, apuntó que en 2007 no estaba claro que se cometiera una irregularidad en el nombramiento y que su cliente no sabía que había que hacer un proceso de selección para la ocupación del puesto.
El Ministerio Público pide para los tres acusados dos años de suspensión de cargo público, multas de 7.200 euros y, subsidiariamente, en caso de condena por prevaricación, inhabilitación para cargo público durante diez años para Rebolleda y Ologaray, y de seis años para Piedrafita.
