Los seis municipios metropolitanos más poblados de Catalunya piden más competencias y recursos para hacer frente a los alquileres abusivos e impulsar políticas sociales de vivienda. Las ciudades de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell y Santa Coloma de Gramenet hicieron ayer frente común para reclamar la convocatoria del Pacte Nacional pel Dret a l’Habitatge.
Las alcaldías metropolitanas denuncian el anuncio del gobierno del PP de impugnar la nueva ley catalana de emergencia habitacional 4/2016 y acusan al ejecutivo de Mariano Rajoy de “posicionarse a favor de los bancos y atacar el derecho a la vivienda”.
La tercera teniente de alcalde de Terrassa y concejal de Vivienda, Lluïsa Melgares, participó ayer en la reunión y pidió que “no se impugnen leyes que van a favor de las personas. Nosotros preferimos proteger a las personas y las familias antes que a los intereses financieros, corporativos e inmobiliarios”.
Nueva burbuja
Los ayuntamientos quieren participar activamente en la construcción de nuevas políticas públicas. Para ello, piden herramientas legales y un mayor presupuesto del Estado para la gestión municipal en el marco de un nuevo Plan Estatal de la Vivienda. La administración central, denunciaron ayer, ha recortado drásticamente la aportación de recursos a los municipios, que afrontan el problema desde una situación de desprotección legal.
El gobierno español destina actualmente un 0,058% del PIB estatal a vivienda, frente al 1’8&% que invierte Francia. En diez años, la herramienta que tienen los ayuntamientos para financiar políticas de vivienda, el Plan Estatal de Vivienda, se ha reducido en más de un 70%. En 2007 aportó 1.155 millones y en 2017 446 millones.
A los municipios metropolitanos les preocupa el aumento de los precios de los alquileres. Por eso exigen al Estado que impulse una nueva regulación de alquileres urbanos que alargue a 5 años los contratos y acabe con los alquileres abusivos. O bien transfiera las competencias a la Generalitat, para que esta trabaje con las grandes ciudades en la implantación de precios que acaben con la nueva burbuja inmobiliaria, tal como ya se ha hecho en Francia y Alemania.
En Catalunya, los grandes municipios metropolitanos quieren que la Generalitat convoque el Pacte Nacional pel Dret a l’Habitatge, desde el cual se sienten las bases de una nueva política de vivienda que afronte el problema de los desahucios, la pérdida de residentes, las ocupaciones, el incremento de precios y el estallido de una nueva burbuja inmobiliaria.
MEDIDAS URGENTES
Las grandes ciudades metropolitanas proponen abordar con urgencia tres cuestiones:
Aumentar el parque público de vivienda: Inviertiendo en vivienda de alquiler, ampliando el periodo de protección la VPO y movilizando el parque de pisos vacíos.
Respuesta ágil a la emergencia: Aumentar las ayudas al alquiler para prevenir desahucios y firmar un protocolo con los jueces que permita negociar antes del desahucio.
Las ocupaciones: Medidas para evitar la guetización de la pobreza y contra las mafias que se lucran con los pisos vacíos.
