La Cambra de Comerç de Terrassa estima que del orden del 80% de los empresarios de la demarcación de Terrassa han experimentado un incremento de requerimientos, comprobaciones, revisiones o inspecciones técnicas, fiscales y tributarias por parte de las administraciones en el transcurso de los últimos tres años. Según una encuesta realizada por la entidad, el 55,6% de las empresas manifiestan que han recibido algún requerimiento o inspección durante el último año y el 33,3% en más de una ocasión y de forma reiterada. Del orden del 77,8% de las empresas afirman que han tenido que recurrir a un servicio de apoyo externo para hacer frente a la demanda de los requerimientos, especialmente vinculados en el área fiscal, jurídica, laboral y medioambiental. Si bien, en general, las empresas han apreciado un notable incremento de los gastos derivados de los costes directos e indirectos que, en términos logísticos, económicos y de gestión del tiempo, han supuesto la gestión de las nuevas obligaciones formales impuestas desde las administraciones, sólo un 22,2% de las empresas ha llegado a cuantificarlos.
Estas cifras emanan de un sondeo elaborado por la Cambra de Terrassa entre las empresas de su demarcación territorial que la entidad empresarial ha desarrollado durante el mes de febrero para valorar la incidencia y la evolución de los costes directos e indirectos asociados a las medidas de control y las obligaciones formales impuestas por parte de las diferentes administraciones. Del conjunto de los requerimientos y medidas de control desplegados por las administraciones que tienen por objetivo inspeccionar y verificar las obligaciones formales por parte de las empresas, las que más han crecido en los últimos años corresponden a las vinculadas con las obligaciones tributarias.
En el marco del plan de lucha contra el fraude y la mejora del control tributario, la Administración ha estado llevando a cabo diferentes medidas que, amparadas en el marco legal, están ejerciendo un nivel de presión que desde las empresas valoran como excesivo. Destaca el hecho, por ejemplo, que en los últimos años la administración tributaria ha centrado sus investigaciones sobre todo en pymes, además de autónomos, cuando el 70% del fraude se asocia a las grandes corporaciones.
Si bien la adopción de medidas de control es amparado por el colectivo empresarial, el incremento de requerimientos y comprobaciones experimentado en los últimos años, y en muchas ocasiones reiteradas dentro de un mismo ejercicio, llevan a las empresas a expresar su preocupación.
Costes
Los costes de cumplimiento con las obligaciones tributarias por parte de las empresas no sólo abarcan los costes internos, asociados a los procesos destinados para preparar y gestionar la información de forma directa desde dentro de la empresa, sino también los costes externos derivados de la contratación de asesoramiento externo. Los empresarios observan con preocupación los continuos cambios normativos, con la consecuente inseguridad jurídica que esta situación conlleva, así como a una cada vez mayor complejidad de los procesos e interpretaciones y criterios administrativos que se están traduciendo en un incremento de nuevas, costosas obligaciones formales. Con un impacto en su competitividad y su seguridad jurídica, interpretan cierta voluntad recaudatoria en las medidas promovidas por la Administración de Hacienda con la condición de que el Gobierno tampoco explica de forma clara como la implementación de las nuevas obligaciones formales están contribuyendo el control y la prevención del fraude fiscal y piden a la Administración más transparencia, coherencia y simplificación de los sistemas de control e inspección.
