El Ayuntamiento de Terrassa desestima las alegaciones presentadas por Mina al Presupuesto Municipal de 2017, al entender que no prevé los gastos derivados del final de la concesión y de la gestión directa del servicio. La administración local rechaza una vez más los argumentos de la compañía y mañana llevará las cuentas municipales a aprobación definitiva.
En sus alegaciones, Mina cuestiona la solvencia económica del Ayuntamiento de Terrassa para afrontar la gestión del servicio del agua en la ciudad. La compañía argumenta que el Plan Económico Financiero 2016-2017 al que está sujeto el presupuesto no permite crear una nueva sociedad pública para gestionar el suministro.
Ese veto, sostiene, “obligará al Ayuntamiento a internalizar los costes del servicio”, subrrogándose la plantilla de Mina y afrontando las inversiones. La empresa afirma que esos gastos, al que suma el coste económico de la reversión, llevarán al presupuesto municipal a incumplir el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Una administración “solvente”
Alfredo Vega, teniente de alcalde de Servicios Generales y Gobierno Abierto, cuestionó ayer abiertamente las argumentaciones de la concesionaria en la rueda de prensa previa al pleno de mañana. El gobierno rechaza todas y cada una de las alegaciones y defiende la solvencia de las cuentas municipales.
“El presupuesto no puede reservar una partida para crear una empresa municipal porque el modelo de gestión del agua está en estudio –argumentó ayer Vega–. Aunque hay voluntad política de apostar por la gestión directa, no será efectiva hasta que se presente el plan de gestión y un informe positivo sobre si es un sistema de gestión eficiente. No podemos avanzarnos a esa decisión. Si lo hubiéramos hecho Mina también habría alegado”.
Respecto a la capacidad económica del Ayuntamiento para asumir la subrogación de la plantilla de Mina, Vega puso como ejemplo el balance económico de la compañía. “Mina ha sido una empresa sostenible y con beneficios a través de las tarifas. Si el Ayuntamiento asume la gestión, podrá pagar a los trabajadores y afrontar las inversiones… la tarifa debe dar de si”.
El político responsable de la Hacienda municipal asegura que no prevé pérdidas en una hipotética sociedad municipal del agua. “Crearla cuesta 3 mil euros y como debe ser sostenible, el Ayuntamiento aportará los 5 mil euros necesarios para la póliza de tesorería”. Respecto al coste de la reversión, que la administración local estima entre el 1,5 y los 2 millones de euros, “hay un fondo de reversión dotado con 3,5 millones de euros, de ahí que tampoco se incluya en presupuestos ninguna partida a este efecto”.
El ejecutivo insiste en que si las cuentas de 2017 no reflejan la asunción de la gestión directa es “porque no toca, porque el modelo no está creado y no ha pasado por pleno”.
Alfredo Vega no escondió ayer su malestar por el hecho de que Mina cuestione la solvencia de unas cuentas municipales “que cumplen la ley de estabilidad y la regla del gasto. Es cuando menos osado poner en cuestión una solvencia que acreditan los servicios económicos y la intervención”.
El político recordó que la Hacienda local tiene una ratio de endeudamiento del 80%, paga a 30 días a los proveedores y dispone de “una reserva de 1´5 millones condicional y otra de 1´5 millones en inversiones por si la Ley de Estabilidad fluctúa”.
Como propuesta de resolución
El pleno de febrero votará mañana la desestimación de las alegaciones de Mina al presupuesto y procederá a la aprobación definitiva de las cuentas municipales. Cabía la posibilidad de llevar el tema al pleno como dictamen en el orden del día vía urgencia, pero el ejecutivo ha escogido la primera opción.
En el Consistorio, una mayoría política de 20 concejales sobre 27 defienden la gestión pública y directa del servicio del agua en la ciudad, una decisión que es firme en el ámbito político, pero que deberá estar avalada por un informe de viabilidad y sostenibilidad económica.
Las alegaciones de Mina al presupuesto municipal son un paso más de la compañía en su doble estrategia de recurrir las decisiones que no comparte y judicializar el proceso, a la vez que ofrecer una salida dialogada al Ayuntamiento. La concesionaria ha llevado al contencioso el nombramiento del comisionado del Agua, el ingeniero Joan Gaya, y las condiciones de la prórroga forzosa.
Mina propone como mejor fórmula para el final de la concesión una gestión mixta junto al Ayuntamiento de Terrassa. La compañía ha cuestionado reiteradamente la capacidad municipal para hacer frente al coste del final de la concesión y también al pago de la indemnización por los bienes no revertibles, que cifra en 60 millones de euros.
En el ámbito judicial la multinacional Agbar, accionista de Mina, también ha llevado a los tribunales el final de la concesión.
