La nueva Ley de Contratos del Sector Público, cuya finalidad es mejorar la transparencia y evitar la corrupción, inicia el jueves su debate en el Congreso con la única oposición total de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, pero con la intención de otros grupos de enmendarla durante la tramitación.
El pleno del Congreso debate este jueves dos proyectos de ley, uno referido a la contratación en el sector público en general y otro referido a determinados sectores, que proceden de la necesidad de trasponer sendas directivas europeas.
De momento, sólo el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha presentado una enmienda a la totalidad que será rechazada por la mayoría de los partidos políticos, según han adelantado a EFE fuentes de algunas formaciones.
Unidos Podemos se queja de que el espíritu recogido en la exposición de motivos de la ley luego no tiene reflejo en el desarrollo de la norma y no incentiva la participación de las empresas sociales.
“No incorpora regulaciones específicas que afecten al régimen jurídico de contratación del sector público, a la simplificación de los procedimientos de contratación, a la lucha contra la corrupción o al apoyo a las pymes para facilitar su participación”, señala.
Así, la ley será enmendada en su articulado por todos los partidos políticos y desde Ciudadanos ya se han anunciado más de 200 enmiendas, entre ellas la creación de una autoridad de Competencia que controle y regule este mercado.
Una figura independiente que tenga capacidad de impedir licitaciones y emitir instrucciones o dictámenes (que luego se coordinarían con los organismos autónomos).
“La contratación pública mueve el 20 % del PIB y es un mercado que no funciona al 100 % y con pocos operadores. Es aquí donde está el capitalismo de amiguetes y la corrupción”, afirma a EFE el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Fomento, Fernando Navarro.
El diputado recuerda que hay estudios que cifran en 40.000 millones de euros anuales las pérdidas provocadas por la ineficiencia en las contrataciones del sector público.
Los objetivos que inspiran la nueva regulación de las leyes son impulsar la transparencia en la contratación pública, conseguir una mejor relación calidad-precio, y dar prioridad a las consideraciones medioambientales, a aspectos sociales, y a la innovación en las licitaciones.
Además, se simplifican los trámites burocráticos para los licitadores con la finalidad de que las pymes puedan participar más en estos procesos. Y, por ejemplo, se dividen los contratos en varios lotes y se restringen los denominados “medios propios” -entidades creadas por la propia Administración para realizar esas actividades-.
Otra novedad es que no podrán ser contratistas de las administraciones públicas los condenados por corrupción entre particulares y los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales que se financien mayoritariamente con fondos públicos, podrían estar obligados a recurrir a procedimientos públicos para adjudicar los contratos.
Ciudadanos también presentará iniciativas relativas a restringir las licitaciones a las empresas morosas con sus subcontratistas y para mejorar el reparto de riesgos y cambiar la responsabilidad patrimonial de la Administración cuando hay quiebra o suspensión por parte de la empresa concesionaria, como en el caso de las radiales.
“Las radiales han desvelado un problema de la socialización de perdidas y privatización de ganancias”, señala Navarro, que también apunta que intentarán frenar los sobrecostes en las obras, con la limitación, por ejemplo, de modificaciones en los contratos o de las denominadas “ofertas temerarias” (anormalmente bajas).
Por otra parte, la nueva ley de contratos públicos ha introducido el contrato de concesión y el contrato mixto y ha eliminado el contrato de colaboración público privado.
También introduce el negociado sin publicidad por determinadas cuantías para agilizar los trámites y porcentajes de limitación en las encomiendas de gestión.
El portavoz de Economía del PDeCAT, Ferran Bel, ha señalado a EFE que su formación presentará enmiendas para fomentar la entrada de las pymes en estas adjudicaciones y, sobre todo, del sector de la economía social y cooperativismo, “para que se abra la posibilidad de que puedan participar en los contratos públicos”.
No obstante, avisa de que mirarán atentamente que esta ley no invada competencias autonómicas.
