El Vallès Occidental cuenta con 7.601 pisos vacíos en manos de bancos y grandes tenedores y de estos, uno de cada tres se encuentra ocupado de forma irregular. Son cifras facilitadas ayer en la jornada sobre ocupaciones irregulares de viviendas vacías organizada por el Consell Comarcal, que busca consensuar un protocolo de actuación ante un problema que supone "una de las principales preocupaciones" de los ayuntamientos.
Según el registro elaborado por la Agència Catalana de l’Habitatge, el Vallès Occidental tiene 7.601 pisos vacíos que son propiedad, principalmente, de las entidades financieras. De estos, alrededor de dos mil se encuentran en Terrassa. Para completar la radiografía, el Consell Comarcal está acabando de confeccionar un censo de viviendas ocupadas, que en estos momentos ya arroja algunas conclusiones. El 30% de estas siete mil residencias vacías se encuentran ocupadas de forma ilegal. Una cifra "importante", según reconoció el presidente de la institución comarcal, Ignasi Giménez, que puntualizó que no procede sólo de las dos grandes cocapitales, Sabadell y Terrassa, sino que es resultado de un problema que "afecta a todos los municipios del Vallès Occidental, sean grandes, medianos o pequeños".
Consensuar las respuestas
La jornada de ayer generó una gran expectación, más allá incluso de la comarca. Más de 50 ayuntamientos enviaron algún representante para participar en una sesión de debate y reflexión que persigue como objetivo último la confección de un protocolo de actuación para unificar la respuesta que dan los ayuntamientos a las ocupaciones irregulares de viviendas. Giménez alzó la voz para denunciar el "desamparo" que sienten las administraciones locales a la hora de actuar contra este tipo de ocupaciones y, al mismo tiempo, garantizar la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. "Nos sentimos perdidos. Necesitamos más herramientas jurídicas y apoyo de las administraciones superiores para poder para el golpe", denunció. Las ocupaciones, prosiguió, acaban originando una serie de problemas que cada ayuntamiento está resolviendo de manera distinta.
Son problemas derivados del "conflicto de derechos" que se da en estos casos. "Por un lado, está la prohibición legal de ocupar, que como administración pública no nos podemos saltar, pero, al mismo tiempo, debemos garantizar la protección social de los ocupantes, de familias que están en situación de vulnerabilidad", señaló el presidente del Consell Comarcal. En este sentido, Giménez se refirió a las dudas que surgen en el ámbito, por ejemplo, de los servicios básicos. "¿Debemos permitir que las familias se enganchen al suministro eléctrico general? Entendemos que no, pero ¿qué solución les damos? Porque no dejaremos a las familias sin suministro. En cuanto al agua, ¿ponemos un contador a su nombre aunque estén en una propiedad que no sea suya? ¿Quién paga el consumo?". Preguntas, se quejó el conseller, que cada ayuntamiento responde por su cuenta ante la falta de instrumentos jurídicos claros que aplicar.
En el fondo de la cuestión, admitió, está la "incapacidad" de las administraciones públicas de garantizar el derecho a la vivienda con el actual parque de inmuebles vacíos que existe. "Es un problema de país", prosiguió, que evidencia "la necesidad de generar vivienda asequible ante la emergencia que se vive en la mayoría de pueblos y ciudades".
El conseller no quiso obviar otra de las caras de esta situación: las ocupaciones incívicas que "acaban provocando problemas de convivencia". Además, también mencionó a "las mafias que operan en el territorio" y las "dificultades legales" que tienen a la hora de actuar en su contra, por lo que pidió "un cambio legislativo" que ayude a frenar este tipo de situaciones.
La "ocupación" como solución
Los problemas vinculados a la vivienda constituyen uno de los principales motivos de inquietud de las administraciones públicas. Según un estudio de la Diputació de Barcelona, el 50% de los municipios de Catalunya "están preocupados" ante las ocupaciones irregulares y uno de cada tres ha tenido algún problema "grave" relacionado con este asunto. El diputado de Urbanisme i Habitatge de la Diputació, Josep Ramon Mut, ofreció estos datos y puso sobre la mesa una "evidencia, sí, pero que no es percibida en toda su crudeza por las entidades bancarias". Es el hecho de que "si hay ocupaciones es porque hay pisos desocupados". Mut denunció que los grandes tenedores "no son conscientes" de que la vivienda vacía genera problemas "tanto para los municipios como para ellos mismos".
El diputado afirmó que el principal reto al que se enfrentan las ciudades hoy día es el de "solucionar el problema de inicio para evitar que haya viviendas vacías". En ocasiones, y aún reconociendo que hay un evidente conflicto de intereses, "las ocupaciones no son el problema, sino la solución, porque los ayuntamientos, que tenemos que dar la cara ante los ciudadanos, no podemos dejar a las familias en la calle".
