Los hijos de Jamal Hussein, un yihadista condenado y ya fallecido, podrían tener derecho a recibir una indemnización millonaria que, de acuerdo a un informe del Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia debe abonar a causa del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
El pasado mes de agosto el CGPJ aprobó un informe en el que fallaba a favor de la reclamación patrimonial al Estado por funcionamiento anormal de la Justicia instada por Jamal Hussein.
Se trata de un condenado por colaboración con Al Quaeda a quien, en el contexto de aquella investigación, se le incautaron varios millones de dinares iraquíes anteriores a la caída de Sadam Hussein, dinero que permaneció en poder de la Justicia a pesar de que no se había demostrado que estuviera relacionado con ninguna actividad criminal.
Husssein reclamó la devolución de ese dinero y los perjuicios causados por su incautación indebida: pidió 21 millones de euros.
El órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, ha considerado que tiene derecho a un indemnización por funcionamiento anormal de la Justicia, lo que supone que deba ser ahora el Ministerio de Justicia el que cuantifique la cantidad a pagar.
Sin embargo, Hussein ha muerto hace escasos meses. Hace unos diez años, según han explicado a Efe fuentes de su defensa, fue puesto en libertad sin apenas haber cumplido condena efectivamente. De acuerdo a estas fuentes, poco tiempo más tarde de haber entrado en prisión le fue detectado un aneurisma de aorta que aparentemente hacía inminente su fallecimiento.
La muerte, sin embargo, ha acaecido diez años más tarde, coincidiendo casi en el tiempo con la decisión a su favor que, el pasado mes de agosto, adoptó la Comisión Permanente del CGPJ.
Ahora no está claro quién puede reclamar el dinero. Hussein estaba nacionalizado español, por lo cual deberían ser sus herederos, según la ley española, quienes deberían ser beneficiarios de la indemnización, explican fuentes de su defensa.
Procesalmente, sin embargo, resulta complicado quién podría tener poderes para hacer la reclamación, ya que está divorciado de la madre de sus hijos, continúa la misma fuente.
En su informe, el CGPJ recuerda que Miguel Prados, el abogado que defendió a Hussein hace años, reclamó su dinero en la Audiencia Nacional, primero al juez de instrucción Baltasar Garzón y luego al magistrado Javier Gómez Bermúdez.
Esto sucedió en 2005 y en 2006. Cuando finalmente el dinero fue puesto a disposición de su dueño, había perdido valor tras la guerra desatada en Irak. Ahora el destino de la indemnización es incierto.
